Es muy delicado lo que está sucediendo en nuestro país. La instauración de un modelo autoritario de gobierno es una posibilidad que difícilmente podrá revertirse si no actuamos con prevención y gran energía. Los indicadores están ahí, muy claros, a la vista de todos quienes nos atrevemos a atisbar más allá de lo que los medios de comunicación nos comparten.
Basta recordar algunos de los reclamos que surgieron posteriormente a su “Informe de 100 días”, para vislumbrar síntomas muy preocupantes por su tufo a autoritarismo.
La ausencia de un programa nacional para reactivar la inversión y el empleo, así como de incentivos como la reducción del IEPS (que provoca el alto costo de las gasolinas) y la disminución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para atraer inversiones.
Hacen falta en nuestro país políticas claras de fomento a la inversión productiva, privilegiar este tipo de proyectos y no impulsar sólo el consumo. Falta dinamizar la banca de desarrollo para financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Sin duda, la cancelación del proyecto del Aeropuerto de Texcoco ha costado grandes pérdidas y su obsesión por construir el Aeropuerto de Santa Lucía significa un considerable e innecesario derroche de dinero.
De la misma forma, su obsesión por invertir recursos en una paraestatal en condiciones de inminente quiebra, Pemex, y la refinación del petróleo, va en contra de la tendencia mundial a generar energías limpias y renovables. Pemex necesita una reingeniería no sólo industrial, sino política.
Quizá las medidas más censurables en estos primeros 100 días de gobierno son las que perjudican directamente a los ciudadanos más vulnerables y desprotegidos. El abandono de programas de salud, la suspensión de apoyos a estancias infantiles o a organizaciones de la sociedad civil que protegen a niños, niñas y mujeres víctimas de violencia son gravísimos indicadores de desdén hacia la sociedad.
En contraste, AMLO está terriblemente equivocado al implementar políticas públicas asistencialistas, corporativistas y clientelares, repartiendo recursos públicos en dinero efectivo, pues genera una dependencia terrible de la sociedad hacia gobiernos de carácter paternalista. Reparte pescado, en lugar de enseñar a pescar. Esto hará más profunda la desigualdad social.
En materia de seguridad, combate al crimen organizado y combate a la corrupción, seguimos esperando que el presidente comience a barrer de arriba hacia abajo, que aplique la justicia y sancione a los delincuentes que él mismo llama comunes y de cuello blanco.
La Fiscalía General de la República debe ser autónoma y apartidista, pues de otra forma no brindará certeza de justicia igual para todos. La Guardia Nacional será una institución no confiable que puede fácilmente desviar sus propósitos para convertirse en un instrumento de represión política. Es indispensable fortalecer y profesionalizar a los ministerios públicos.
Finalmente, en materia de política internacional, el presidente de México no ha dado un solo paso que nos haga creer que intenta recuperar el prestigio de México globalmente, pues su apoyo o negativa de rechazo al autoritarismo de Maduro, de Venezuela, nos ha colocado fuera del consenso de países que están en pro de la democracia, la defensa de los Derechos Humanos y el respeto a la dignidad de la persona. Si Andrés Manuel López Obrador aprueba los actos de Nicolás Maduro, muy fácilmente puede aprobar su autoritarismo y su corrupción.
¡Aguas, mexicanos!
alfredopineraguevara@gmail.com
