La reactivación del Sistema Estatal de Protección a Periodistas constituye un avance en la consolidación de acciones que protejan a los comunicadores. Asumir compromisos para efectuar actividades de prevención por parte de autoridades, comunicadores y el órgano derechohumanista estatal, como es el caso de un curso especial de capacitación, es un paso hacia una extensa agenda pendiente en la materia.
Lo es también la comparecencia del fiscal general del Estado, César Peniche, para exponer ante el Comité de Riesgo las acciones que se han venido desplegando en los casos de los colegas Miroslava Breach y Adrián Rodríguez, y responder además a las interrogantes planteadas.
Alienta en las indagaciones que ambos casos no se encuentran cerrados y que se realizan pesquisas para redondear identidades y acusaciones; particularmente en el caso de la colega Miroslava Breach, donde no se descartan intervenciones en un grado u otro de personajes involucrados.
Se insistió en la mesa que la agenda legislativa es muy amplia y no se limita exclusivamente a las acciones de prevención y protección de periodistas, sino que se refiere a la creación de una fiscalía especializada en ataques a la libertad de expresión; legislación de seguridad social y apoyo a micro empresas de comunicación e información; publicidad; flujo de información gubernamental; revisión de tiempos y procesos de transparencia; elevar a nivel ley el Sistema Integral de Protección, entre otros aspectos.
Las acciones en la materia no pueden esperar. Este año nuestro país ya enfrentó los primeros casos de muerte de colegas periodistas, por lo tanto es necesario asumir con urgencia la agenda, para lo cual el Comité de Riesgo y la Mesa amplia del Sistema Estatal de Protección a Periodistas es fundamental, en función de que en él se encuentran representados los poderes del Estado y las principales organizaciones de periodistas del Estado.
Pensar en chalecos antibalas, vehículos blindados o incluso en castigar a responsables de cometer agresiones contra periodistas, es una postura reactiva que no evita las agresiones. Por ello debe pensarse en términos amplios en acciones de carácter integral, donde sin duda las medidas cautelares son un instrumento valioso de protección, pero no representan la solución al problema.
