/ miércoles 27 de diciembre de 2017

Agenda normativa pendiente

 

“...Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad...!”

 

De los foros sobre legislación en materia de periodismo y libertad de expresión, realizados a principios de año por el Foro de Periodistas de Chihuahua, deben rescatarse algunos puntos indispensables, que tendrían que tomarse en cuenta en la agenda normativa en busca de una mayor protección de los periodistas y de un quehacer profesional y ético de cara a la sociedad.

La profesionalización de la actividad periodística es un elemento esencial, que no se agota en las aulas universitarias, sino que debe continuar de manera permanente a lo largo del desempeño cotidiano del periodista.

Esa actualización académica y ética permite al profesional de la comunicación allegarse de los elementos tecnológicos y sustanciales de la actividad periodística, en una era moderna que exige una permanente interacción del periodista con su entorno en el ámbito nacional e internacional, en busca de las mejores prácticas y estrategias de comunicación, manejo de la información, investigación, contenidos o herramientas, para brindar al público lector un servicio de mayor calidad.

Esa profesionalización y ética deben ser propiciadas por los mismos periodistas y las empresas, en un esfuerzo donde no debe ser ajeno el poder estatal, quien tiene la obligación moral de intervenir para propiciar mejores estándares de periodismo, desde una visión ajena a cualquier afán de control o manipulación, sino un compromiso con la verdad periodística, como instrumento de control de abuso de poder.

La regulación de la publicidad oficial, sus mecanismos de asignación y criterios, es otro gran pendiente en el ámbito municipal, estatal y federal. No existen en estos momentos criterios de asignación, más que la discrecionalidad del poder público. No se ha legislado al respecto pese a que existe la obligación de hacerlo desde el punto de vista constitucional en el ámbito federal.

Una pauta oficial que debe ser asignada con base en criterios objetivos y subjetivos, ambos reglados por ley: por un lado criterios como la circulación, pero por el otro, criterios como pluralidad, diversidad de contenidos, atención regional, entre otros, ya vislumbrados por el derecho convencional, que derriben las simples determinaciones de carácter coyuntural.

Esta profesionalización tendría un gran impulso por medio de la creación de un fideicomiso público, nutrido financieramente con un porcentaje de la publicidad oficial. Este fideicomiso permitiría además realizar acciones de protección social de los periodistas, financiamiento para pequeñas empresas, generación de nuevos proyectos de comunicación. La asignación de los recursos sería determinada por un consejo plural con intervención de la autoridad, la sociedad y los periodistas y con base en proyectos concretos.

Un fideicomiso de esta naturaleza aunado a la regulación de criterios de asignación de publicidad oficial, fortalecerían y le darían estabilidad, sin duda alguna, al sistema de comunicación social estatal.

La creación de una fiscalía especializada en investigación de atentados contra periodistas y medios de comunicación, sería también un avance en la protección de comunicadores. La fiscalía tendría asignación de recursos humanos y financieros suficientes para realizar su labor, bajo un criterio de especialización y permanencia.

Una fiscalía cerraría el círculo de protección creado con el Sistema Estatal de Protección a Periodistas, norma vigente pero en términos reales inaplicada.

Precisamente, dentro de las propuestas recibidas destaca elevar a rango de ley dicho sistema, con sus órganos de aplicación, principios, medidas cautelares, flujo de información y protocolo ante sucesos de alto riesgo. Elevarlo a nivel de ley le otorgaría la fuerza suficiente para su aplicación, con el antecedente de que su contenido está basado en experiencias que han resultado exitosas, como es el caso de la colombiana.

Una de las virtudes del Sistema Estatal de Protección a Periodistas es que separa las responsabilidades de cada actor en la libertad de expresión: del Estado, de los periodistas y de los medios de comunicación. Y propone para ellos un trabajo coordinado bajo principios de respeto.

Un trinomio necesario e indispensable, para reducir la brecha de agresiones e impunidad. Más importante aún: para prevenir las agresiones, con periodistas y comunicadores capacitados en el manejo de situaciones e información de alto riesgo, con estrategias de cobertura que han tenido éxito en otras latitudes del mundo, que resultan más efectivas que un chaleco antibalas, escoltas o coches blindados.

http://robertopinon.blogspot.mx

 

“...Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad...!”

 

De los foros sobre legislación en materia de periodismo y libertad de expresión, realizados a principios de año por el Foro de Periodistas de Chihuahua, deben rescatarse algunos puntos indispensables, que tendrían que tomarse en cuenta en la agenda normativa en busca de una mayor protección de los periodistas y de un quehacer profesional y ético de cara a la sociedad.

La profesionalización de la actividad periodística es un elemento esencial, que no se agota en las aulas universitarias, sino que debe continuar de manera permanente a lo largo del desempeño cotidiano del periodista.

Esa actualización académica y ética permite al profesional de la comunicación allegarse de los elementos tecnológicos y sustanciales de la actividad periodística, en una era moderna que exige una permanente interacción del periodista con su entorno en el ámbito nacional e internacional, en busca de las mejores prácticas y estrategias de comunicación, manejo de la información, investigación, contenidos o herramientas, para brindar al público lector un servicio de mayor calidad.

Esa profesionalización y ética deben ser propiciadas por los mismos periodistas y las empresas, en un esfuerzo donde no debe ser ajeno el poder estatal, quien tiene la obligación moral de intervenir para propiciar mejores estándares de periodismo, desde una visión ajena a cualquier afán de control o manipulación, sino un compromiso con la verdad periodística, como instrumento de control de abuso de poder.

La regulación de la publicidad oficial, sus mecanismos de asignación y criterios, es otro gran pendiente en el ámbito municipal, estatal y federal. No existen en estos momentos criterios de asignación, más que la discrecionalidad del poder público. No se ha legislado al respecto pese a que existe la obligación de hacerlo desde el punto de vista constitucional en el ámbito federal.

Una pauta oficial que debe ser asignada con base en criterios objetivos y subjetivos, ambos reglados por ley: por un lado criterios como la circulación, pero por el otro, criterios como pluralidad, diversidad de contenidos, atención regional, entre otros, ya vislumbrados por el derecho convencional, que derriben las simples determinaciones de carácter coyuntural.

Esta profesionalización tendría un gran impulso por medio de la creación de un fideicomiso público, nutrido financieramente con un porcentaje de la publicidad oficial. Este fideicomiso permitiría además realizar acciones de protección social de los periodistas, financiamiento para pequeñas empresas, generación de nuevos proyectos de comunicación. La asignación de los recursos sería determinada por un consejo plural con intervención de la autoridad, la sociedad y los periodistas y con base en proyectos concretos.

Un fideicomiso de esta naturaleza aunado a la regulación de criterios de asignación de publicidad oficial, fortalecerían y le darían estabilidad, sin duda alguna, al sistema de comunicación social estatal.

La creación de una fiscalía especializada en investigación de atentados contra periodistas y medios de comunicación, sería también un avance en la protección de comunicadores. La fiscalía tendría asignación de recursos humanos y financieros suficientes para realizar su labor, bajo un criterio de especialización y permanencia.

Una fiscalía cerraría el círculo de protección creado con el Sistema Estatal de Protección a Periodistas, norma vigente pero en términos reales inaplicada.

Precisamente, dentro de las propuestas recibidas destaca elevar a rango de ley dicho sistema, con sus órganos de aplicación, principios, medidas cautelares, flujo de información y protocolo ante sucesos de alto riesgo. Elevarlo a nivel de ley le otorgaría la fuerza suficiente para su aplicación, con el antecedente de que su contenido está basado en experiencias que han resultado exitosas, como es el caso de la colombiana.

Una de las virtudes del Sistema Estatal de Protección a Periodistas es que separa las responsabilidades de cada actor en la libertad de expresión: del Estado, de los periodistas y de los medios de comunicación. Y propone para ellos un trabajo coordinado bajo principios de respeto.

Un trinomio necesario e indispensable, para reducir la brecha de agresiones e impunidad. Más importante aún: para prevenir las agresiones, con periodistas y comunicadores capacitados en el manejo de situaciones e información de alto riesgo, con estrategias de cobertura que han tenido éxito en otras latitudes del mundo, que resultan más efectivas que un chaleco antibalas, escoltas o coches blindados.

http://robertopinon.blogspot.mx