Por: Román Rivas Hong
El gobierno de los Estados Unidos ha solicitado una consulta de resolución de disputa con México en virtud del acuerdo comercial T-MEC, ya que considera que el país ejerce políticas energéticas discriminatorias a favor de la CFE y de Pemex en detrimento de las compañías estadounidenses. De acuerdo con la USTR (United States Trade Representative), entidad que representa en el contexto federal el comercio de los Estados Unidos, las políticas energéticas de México están socavando a las empresas estadounidenses que buscan invertir en el país, afectando intereses económicos estadounidenses en múltiples sectores, desincentivando la inversión por parte de los proveedores de energía limpia y evitando que las empresas compren energías limpias y confiables. Éste es el primer paso formal para ir a un panel de solución de controversias bajo el acuerdo comercial sobre el tema energético e implica llevar a cabo reuniones a nivel técnico y a nivel ministerial. Las consultas deben empezar a más tardar en 30 días después de la fecha de la entrega de la solicitud, a la cual ya se ha sumado Canadá. Si bien, la etapa de consultas no detiene la inversión que está llegando al país, sí envía una muy mala señal internacional, ya que siendo Estados Unidos el principal socio comercial de México, es sumamente notorio que se esté conformando un panel para resolver esta violación al tratado comercial y lo más peligroso es que si los países no llegan a un acuerdo en esta serie de diálogos, la consecuencia sería el suspender beneficios a México o establecer aranceles, ya sea en el mismo sector o en otro que sea más eficiente o importante. Si esto llegase a ocurrir, el impacto sería grandísimo, ya que el 80% de las exportaciones nacionales van hacia los Estados Unidos y seguramente el impacto sería significativo para todos los estados que estamos ubicados en el norte, ya que somos los principales exportadores en el país (recordemos que el estado de Chihuahua es el mayor exportador en México alcanzando una cifra de 58 mil millones de dólares el año pasado). Tal pareciera que el gobierno federal en turno quisiera eliminar todo lo que los gobiernos inmediatos anteriores hicieron para hacer más atractivo a México para la atracción de inversión extranjera directa y, tal como lo he comentado en artículos anteriores, esto sucede en la mejor ventana que México ha tenido quizás en su historia, para atraer inversión. Este comportamiento desafortunadamente se ve también en nuestro estado en donde diputados de izquierda han venido criticando e impugnando decisiones que desde el gobierno se han dado para fomentar la inversión. Dentro de las líneas de promoción de inversión del estado de Chihuahua se otorgan beneficios e incentivos a empresas que promuevan la generación de desarrollo y empleo y entre ellos se encuentra la enajenación de terrenos para que esas empresas se instalen en nuestra región. El crear mecanismos de atracción de inversión es sumamente importante, ya que aunque estemos en el mejor momento de atraer inversión, es también una ventana de muchísima incertidumbre debido a las posturas del gobierno federal (p. ej. con respecto a esta disputa dentro del marco del T-MEC) así como por los efectos de contracción de consumo que la alta inflación está causando en México y en nuestro país vecino; si a esto le sumamos el nulo efecto de atracción de inversión de la pasada administración estatal estaremos destinados a no seguir teniendo crecimiento en los años venideros.
El enajenar terrenos a empresas dispuestas a invertir en el estado, tales como los recientes casos de Honeywell, Lear y Perfiles de Real, beneficia a nuestras familias, ya que con ello se generan empleos estables, bien pagados y con buenas prestaciones económicas, traduciéndose en bien común para los chihuahuenses. La derrama económica que estas nuevas inversiones crean tiene además un impacto colateral debido al flujo de capital que estas empresas generan, detonando el crecimiento de otros sectores de la economía y, por ende, beneficio para las comunidades en las que se asientan. La inversión conjunta de las últimas empresas “beneficiadas” bajo este esquema asciende a casi 100 millones de dólares y, repito, ocurre en un momento de gran incertidumbre para el inversionista. Si México no resuelve esta disputa comercial en el marco del T-MEC, no sólo lo pagaremos con creces los estados más exportadores, sino que aumentaremos aún más el grado de riesgo para el inversionista extranjero y entonces sí, perderemos por completo la ventana de tiempo para la atracción de inversión en la que nos encontramos. Yo le pregunto a estos gobernantes y legisladores de izquierda: ¿De qué quieren entonces que vivan nuestros hijos?
