Han pasado 14 años desde que Andrés Manuel López Obrador comenzó a elucubrar la conveniencia de mandar al diablo las instituciones. Hoy, ese planteamiento del pasado es una realidad que poco a poco, y a costa de lo que sea y de quien sea, ha ido concretando.
Así es. La vieja y conocida frase “¡Al diablo sus instituciones!” es un hecho en proceso que comenzó a desarrollarse formalmente casi desde mismo momento en el que López Obrador se supo ganador de la pasada contienda presidencial. Luego, al llegar a la presidencia, puso a en marcha su proyecto destructivo (el INEE fue su primera víctima) pero en ese entonces no se visualizaba hasta dónde llegaría su obstinación, ni el porqué de su necedad.
Ahora queda claro que el “inconveniente” está en la autonomía (técnica, operativa y de gestión) constitucional de la que gozan ciertos entes públicos; misma que, acompañada una personalidad jurídica propia y su especialización en distintos campos, habilita su independencia informativa (distinta a los “otros datos”) y en la toma de decisiones. Características, atribuciones y funciones que sirven como contrapeso en las decisiones y acciones que acontecen en los tres poderes tradicionales del Estado (cosa que, por supuesto, no le agrada al presidente).
Es cierto que en noviembre del año pasado el presidente López Obrador “aclaró” que no buscaba la desaparición de órganos constitucionales autónomos; sin embargo, no ha dejado (desde el inicio de su sexenio) de mofarse, desacreditar, deslegitimar o descalificar a estos organismos. Así lo hizo con el INEE, con el INE, con el Coneval, con el INAI, con el TEPJF y con la CNDH (hasta que logró imponer como titular a una de sus incondicionales).
Fue precisamente a raíz de eso que el presidente tuvo que “aclarar” que su gobierno no busca la desaparición de dichos órganos pero, contradictoriamente, a principios de este mes su amigo (coordinador de los senadores de Morena) Ricardo Monreal propuso la desaparición del IFT, de la Cofece y de la CRE; y la semana pasada el propio presidente sugirió desaparecer el Conapred y posteriormente cuestionó la existencia del Sipinna. Luego, hace un par de días, el mismo presidente dijo que analizará la desaparición de más de 100 organismos autónomos porque, según él, “la gente ni siquiera sabe que existen porque nunca hicieron nada en favor del pueblo” y porque hay que “ir ajustando el gobierno a la nueva realidad”.
Es así como del ¡Al diablo las instituciones!, AMLO ha pasado a ¡Al diablo la autonomía!, y la única realidad es que no quiere organismos constitucionalmente autónomos porque -evidentemente- no están favoreciendo sus intereses personales ni sus ambiciones de poder.
En esta ocasión, concluyo parafraseando lo dicho alguna vez por Adolfo Suárez, figura clave de la transición democrática de España: su rechazo (el de AMLO) a la autonomía no puede convertirse en un vehículo de exacerbación nacionalista, ni mucho menos debe utilizarse como palanca para crear un nacionalismo particularista.
Aída María Holguín Baeza
laecita@gmail.com
Han pasado 14 años desde que Andrés Manuel López Obrador comenzó a elucubrar la conveniencia de mandar al diablo las instituciones. Hoy, ese planteamiento del pasado es una realidad que poco a poco, y a costa de lo que sea y de quien sea, ha ido concretando.
Así es. La vieja y conocida frase “¡Al diablo sus instituciones!” es un hecho en proceso que comenzó a desarrollarse formalmente casi desde mismo momento en el que López Obrador se supo ganador de la pasada contienda presidencial. Luego, al llegar a la presidencia, puso a en marcha su proyecto destructivo (el INEE fue su primera víctima) pero en ese entonces no se visualizaba hasta dónde llegaría su obstinación, ni el porqué de su necedad.
Ahora queda claro que el “inconveniente” está en la autonomía (técnica, operativa y de gestión) constitucional de la que gozan ciertos entes públicos; misma que, acompañada una personalidad jurídica propia y su especialización en distintos campos, habilita su independencia informativa (distinta a los “otros datos”) y en la toma de decisiones. Características, atribuciones y funciones que sirven como contrapeso en las decisiones y acciones que acontecen en los tres poderes tradicionales del Estado (cosa que, por supuesto, no le agrada al presidente).
Es cierto que en noviembre del año pasado el presidente López Obrador “aclaró” que no buscaba la desaparición de órganos constitucionales autónomos; sin embargo, no ha dejado (desde el inicio de su sexenio) de mofarse, desacreditar, deslegitimar o descalificar a estos organismos. Así lo hizo con el INEE, con el INE, con el Coneval, con el INAI, con el TEPJF y con la CNDH (hasta que logró imponer como titular a una de sus incondicionales).
Fue precisamente a raíz de eso que el presidente tuvo que “aclarar” que su gobierno no busca la desaparición de dichos órganos pero, contradictoriamente, a principios de este mes su amigo (coordinador de los senadores de Morena) Ricardo Monreal propuso la desaparición del IFT, de la Cofece y de la CRE; y la semana pasada el propio presidente sugirió desaparecer el Conapred y posteriormente cuestionó la existencia del Sipinna. Luego, hace un par de días, el mismo presidente dijo que analizará la desaparición de más de 100 organismos autónomos porque, según él, “la gente ni siquiera sabe que existen porque nunca hicieron nada en favor del pueblo” y porque hay que “ir ajustando el gobierno a la nueva realidad”.
Es así como del ¡Al diablo las instituciones!, AMLO ha pasado a ¡Al diablo la autonomía!, y la única realidad es que no quiere organismos constitucionalmente autónomos porque -evidentemente- no están favoreciendo sus intereses personales ni sus ambiciones de poder.
En esta ocasión, concluyo parafraseando lo dicho alguna vez por Adolfo Suárez, figura clave de la transición democrática de España: su rechazo (el de AMLO) a la autonomía no puede convertirse en un vehículo de exacerbación nacionalista, ni mucho menos debe utilizarse como palanca para crear un nacionalismo particularista.
Aída María Holguín Baeza
laecita@gmail.com
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