Por: Lilia Aguilar Gil
“Al rato regresa, de seguro se fue con el novio”. Desgraciadamente muchas somos las personas a quienes estas palabras se nos ha dado como respuesta cuando denunciamos desapariciones de mujeres. Estas palabras son un daño irreparable viniendo de las autoridades. En casos como estos es cuando aseguramos que el machismo mata, porque un estereotipo como éste hace que aquellos que aplican la justicia no sean sólo sordos y ciegos, sino torpes, y esa torpeza es la que termina matando a las mujeres.
La falta de perspectiva de género en las autoridades es también la responsable en la omisión e incapacidad demostrada. El determinar, como si fuera una regla que cuando las mujeres desaparecen es porque “se van con el novio”, no sólo nos estigmatiza, provoca una pérdida de tiempo en la búsqueda que muchas veces es de vida o muerte. Hemos hablado y denunciado de mil formas esta situación, todos los días hay un caso que confirma lo injusto e ilegal que es esta aseveración. El problema es que sigue sucediendo.
La incapacidad o negligencia de las autoridades nunca hace tanto daño como en estos casos. Quienes hemos sido víctimas sabemos que cuando las autoridades y el Ministerio Público niegan la existencia del delito, es omiso en la investigación, responsabiliza a la víctima de la comisión del delito y pone en tela de juicio la calidad moral o el modo de vida de la víctima y sus familiares, esto marca el principio de una batalla de la que difícilmente saldremos avantes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, realizada por el INEGI, de enero a diciembre de 2020 se denunció sólo el 10.1% de los delitos y el Ministerio Público sólo inició una carpeta de investigación en 66.9% de los casos. En 93.3% de delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación, mientras que los delitos con mayor cifra negra de mayor a menor fueron secuestro, extorsión y fraude.
Las omisiones matan personas, sobre todo mujeres, y esto debe cambiar. Por ello es que propongo una reforma que establezca como hecho punible que los servidores públicos que omitan o se abstengan, sin causa justificada de realizar la investigación de hechos delictuosos o que nieguen la calidad de víctima, directa, indirecta o potencial a aquellos que han visto su esfera jurídica afectada; además, también se castigará al servidor público que obstaculice el ejercicio de los derechos de las víctimas durante la investigación y se actualizará una agravante cuando se acredite que también incurrió en cualquiera de los supuestos planteados, motivado por discriminación en razón de género.
El objetivo es que todas las personas que han sido víctimas de hechos delictivos vean garantizado su derecho de acceso a la justicia y se erradiquen las malas prácticas en la actuación de los servidores públicos que atentan contra la dignidad de las personas y contra la igualdad con la que deben llevarse a cabo las investigaciones relativas a delitos, constituyendo verdaderos actos de abuso de poder.
Y es que en Chihuahua, tan sólo en 2021 se registraron 720 reportes de mujeres desaparecidas, según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE), de ellas 141 se sigue sin saber su paradero.
La organización civil Data Cívica señala que en el caso de Chihuahua, la información del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia –Cenapi– muestra que de 2006 a 2017 se abrieron 5 mil 794 casos por desaparición. Durante esos doce años, el estado registró una tasa anual promedio de 13.02 desapariciones por cada 100 mil habitantes.
No es un problema menor, por lo que con acciones como estas, en las que la revictimización y la omisión son las responsables de obstaculizar la justicia, buscamos evitar abusos de poder que suman al daño, ya de por sí causado por la desaparición de mujeres.
