De norte a sur, desde Argentina a los Estados Unidos, pasando por México, el anarquismo pretende hacer de las suyas.
De manera diversa, promueve la rebelión ante las convenciones estatales.
El ensayo del periodista sudamericano Víctor Ego Querot reproducido en el periódico La Jornada el pasado domingo con el revelador título “Vivir en una democracia criminal” pone de relieve hasta qué grado llega la comisión de crímenes sin castigo y cómo la violencia rebasa todo límite hasta convertirse en sustituto de la tolerancia.
Los hechos deplorables ocurridos últimamente en la máxima casa de estudios (la UNAM) junto con los crímenes perpetrados en diversas partes de la nación, lo mismo en Venezuela, Brasil, Nicaragua y otros países, dan íntegra razón al académico de Argentina.
La errática confusión entre universidad y Estado, entre autoridades responsables de velar por la integridad de la autonomía y órganos creados con el fin de propiciar la paz y la armonía social, degenera en actos que van de la protesta bien entendida por conductas lesivas al régimen de libertades para enseñar, investigar y difundir la cultura, hasta la organización de acciones contestarias, incluso punibles, que ponen de relieve propósitos aviesos y lesivos para la institución como también para la sociedad y para los autores de la que bien podría calificarse de provocación.
Adquiere sentido lo anterior cuando se toma en cuenta el pliego petitorio dirigido al rector de la UNAM con el objeto de obtener respuestas del jefe nato de la institución sobre temas controversiales y otros ya resueltos con antelación. El colmo: juzgarlas fuera de tiempo.
A unos días, los peticionarios recibieron respuestas objetivas, en tiempo y forma, apegadas a la legislación nacional en asuntos educativos, relacionadas con la seguridad y la equidad en los planteles universitarios.
Hay ejemplos que hablan acerca de esto último, como en el caso de alumnos expulsados por la institución en apego a normas establecidas por la universidad, de acuerdo con la facultad que le asiste y dentro de los límites señalados a sus funcionarios.
En cuanto al ejercicio de la normatividad institucional, el rector Graue Wiechers refrendó la letra y su significado de la autonomía, punto en el que difieren los quejosos. Para empezar, la UNAM no es una ínsula, un Estado más dentro de un sistema federalista inexistente. Las leyes que la rigen para cumplir con sus fines son generadas en el seno legislativo en el que se inscribe su origen y destino. La arbitrariedad es lo que cuenta en el planteamiento de los peticionarios como desahogo anarquista y anhelo por equiparar universidad y gobierno o, más aún, identificar universidad y Estado.
Hace 50 años el rector Javier Barros Sierra, en muchos sentidos Rector Magnífico al igual que el rector Guillermo Soberón, hizo valer el principio de la autonomía ante los violadores de la misma con los recursos a su alcance, sin dar a unos lo que en rigor pertenecía a la contraparte.
En su carta rediviva, misma que leyó hace poco su hija en el plantel 6 de la Preparatoria, expresa que si bien los inconformes tenían camino a seguir él asumiría el suyo: apego a la legalidad nacional y acato a la interna que ampara a la universidad de la que fue rector: validada por su comunidad en consonancia con la letra y el espíritu constitucional, en concordancia con la normatividad vigente.
Hoy el rector Enrique Graue Wiechers convalida desde su investidura los principios de autonomía y legalidad que imperan en la casa de estudios. A los universitarios -directivos, maestros, alumnos y personal administrativo- corresponde, de modo urgente, sumarnos a dicha convocatoria.
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