/ miércoles 20 de mayo de 2020

Ante la pandemia, SAT incrementa recaudación y fiscalización

Cada día resulta más difícil entender cómo el gobierno de México ha respondido ante lo que ya es seguro sucederá: una catástrofe económica provocada por el cierre forzado de negocios debido a la contingencia sanitaria; ya se anunció el regreso paulatino a las actividades productivas, lo que todavía no se dice es cómo se asegurará la subsistencia de miles de pequeñas y medianas empresas. No hay interés en hacerlo.

Y es que hace apenas unos días, el sábado 9 de mayo para ser exactos, el presidente López Obrador anunció un incremento en la recaudación de impuestos en el primer cuatrimestre del año de un 5% en comparación con el mismo periodo de enero-abril de 2019; ante lo que informó que con ingresos propios México seguirá saliendo adelante, y que no se requiere más deuda, simplemente con ahorro y más ahorro, quien le podrá decir al presidente que su gobierno no está para ahorrar, sino para gastar de manera eficiente sus recursos.

No es de extrañarnos el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incremente sus ingresos vía impuestos, pues se sabe que la política tributaria de México es fundamentalmente recaudatoria, sin incentivar la inversión; los contribuyentes cautivos como las empresas, los empleados y los establecidos formales son los que dan ahora ese gran número de recaudación, aunque con los ingresos tan recortados que tienen ahora las empresas esta recaudación caerá al final del año, si es que no salvan al sector empresarial de la caída económica presente.

Tal vez a lo que le apuestan en recaudación en el segundo semestre del año, es a la entrada en vigor de los nuevos impuestos que causarán ahora todos los servicios y productos que se oferten en plataformas digitales, pues a partir del 1 de junio las empresas prestadoras de servicios digitales tendrán que cobrar a sus usuarios el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los intermediarios personas físicas que presten sus servicios u oferten sus productos en estas plataformas deberán de aceptar también un retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que les realizarán las propias empresas que les proporcionan la plataforma.

Esto desde luego que generará mayor recaudación de impuestos, pero también encarecerá este tipo de servicios para los usuarios, quienes seremos los que finalmente pagaremos estos impuestos. Irremediablemente será otro golpe a la economía familiar.

Aunado a esto, ahora los sistemas electrónicos establecidos por el SAT para generar información de las operaciones realizadas han provocado un incremento en la fiscalización, en ocasiones excesiva; pareciera que ante la situación económica que se vive, serían tiempos de otorgar estímulos fiscales y no de estar presionando al contribuyente.

La discrecionalidad con que actúan las autoridades no da una seguridad jurídica a los contribuyentes, cada vez es más el poder de actuación que les otorgan a los funcionarios públicos en detrimento de las actividades de negocio; un ejemplo es la publicación que se realizó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de abril, donde la misma Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT, les delega facultades a los diversos administradores y subadministradores de las oficinas desconcentradas del organismo (a todas las existentes), para que, entre otras, cosas puedan:

  • Restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales.

  • Así mismo restringir el uso de la Firma Electrónica Avanzada o cualquier otro mecanismo que utilicen para facturar.

  • Llevar a cabo verificaciones de comprobantes, declaraciones, verificaciones de domicilio, sin que medie la autoridad correspondiente para ello. (área de auditoría).

  • Retener mercancías de comercio exterior (en el caso de la administración de aduanas).

Estas atribuciones otorgadas, entre otras, indican que ahora cualquier autoridad podrá restringir el que se pueda facturar, simplemente por decreto, esto debe de parar.


Ante tanta fiscalización, la recomendación es la de tener seguridad de que se está trabajando de manera óptima en todos los aspectos. tanto financiero como fiscales, y así evitar sorpresas desagradables, aun en la época del coronavirus.


Cada día resulta más difícil entender cómo el gobierno de México ha respondido ante lo que ya es seguro sucederá: una catástrofe económica provocada por el cierre forzado de negocios debido a la contingencia sanitaria; ya se anunció el regreso paulatino a las actividades productivas, lo que todavía no se dice es cómo se asegurará la subsistencia de miles de pequeñas y medianas empresas. No hay interés en hacerlo.

Y es que hace apenas unos días, el sábado 9 de mayo para ser exactos, el presidente López Obrador anunció un incremento en la recaudación de impuestos en el primer cuatrimestre del año de un 5% en comparación con el mismo periodo de enero-abril de 2019; ante lo que informó que con ingresos propios México seguirá saliendo adelante, y que no se requiere más deuda, simplemente con ahorro y más ahorro, quien le podrá decir al presidente que su gobierno no está para ahorrar, sino para gastar de manera eficiente sus recursos.

No es de extrañarnos el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incremente sus ingresos vía impuestos, pues se sabe que la política tributaria de México es fundamentalmente recaudatoria, sin incentivar la inversión; los contribuyentes cautivos como las empresas, los empleados y los establecidos formales son los que dan ahora ese gran número de recaudación, aunque con los ingresos tan recortados que tienen ahora las empresas esta recaudación caerá al final del año, si es que no salvan al sector empresarial de la caída económica presente.

Tal vez a lo que le apuestan en recaudación en el segundo semestre del año, es a la entrada en vigor de los nuevos impuestos que causarán ahora todos los servicios y productos que se oferten en plataformas digitales, pues a partir del 1 de junio las empresas prestadoras de servicios digitales tendrán que cobrar a sus usuarios el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los intermediarios personas físicas que presten sus servicios u oferten sus productos en estas plataformas deberán de aceptar también un retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que les realizarán las propias empresas que les proporcionan la plataforma.

Esto desde luego que generará mayor recaudación de impuestos, pero también encarecerá este tipo de servicios para los usuarios, quienes seremos los que finalmente pagaremos estos impuestos. Irremediablemente será otro golpe a la economía familiar.

Aunado a esto, ahora los sistemas electrónicos establecidos por el SAT para generar información de las operaciones realizadas han provocado un incremento en la fiscalización, en ocasiones excesiva; pareciera que ante la situación económica que se vive, serían tiempos de otorgar estímulos fiscales y no de estar presionando al contribuyente.

La discrecionalidad con que actúan las autoridades no da una seguridad jurídica a los contribuyentes, cada vez es más el poder de actuación que les otorgan a los funcionarios públicos en detrimento de las actividades de negocio; un ejemplo es la publicación que se realizó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de abril, donde la misma Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT, les delega facultades a los diversos administradores y subadministradores de las oficinas desconcentradas del organismo (a todas las existentes), para que, entre otras, cosas puedan:

  • Restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales.

  • Así mismo restringir el uso de la Firma Electrónica Avanzada o cualquier otro mecanismo que utilicen para facturar.

  • Llevar a cabo verificaciones de comprobantes, declaraciones, verificaciones de domicilio, sin que medie la autoridad correspondiente para ello. (área de auditoría).

  • Retener mercancías de comercio exterior (en el caso de la administración de aduanas).

Estas atribuciones otorgadas, entre otras, indican que ahora cualquier autoridad podrá restringir el que se pueda facturar, simplemente por decreto, esto debe de parar.


Ante tanta fiscalización, la recomendación es la de tener seguridad de que se está trabajando de manera óptima en todos los aspectos. tanto financiero como fiscales, y así evitar sorpresas desagradables, aun en la época del coronavirus.