Con gran pesar recibimos la noticia del deceso de la decana del periodismo en Tamaulipas, Doña Aracely Solano. Líder gremial de gran estatura moral. Nuestras condolencias.
En su corta vida -28 años-, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido 31 recomendaciones generales; dos de ellas, la 7 y la 24, se refieren a la libertad de expresión.
Estas recomendaciones -dirigidas a los tres niveles de gobierno, incluido el mecanismo federal de protección a periodistas- tienen que ver con la capacitación que garantice la libertad de expresión, respeto a fuentes de información, diligencia en investigaciones y realización de actuaciones necesarias; atracción de delitos por parte de la Federación; legislación protectora en los Estados, con mecanismos locales de protección y fiscalías especializadas, así como la despenalización de calumnia, difamación e injurias; elaborar mapa de riesgo y monitoreo de agresiones, y evitar las dilaciones -criminales- en la implementación de medidas cautelares de protección.
Es una larga lista de pendientes que no han sido totalmente atendidos. Uno de ellos, el respeto a las fuentes de información, adquiere gravedad con el reciente homicidio de Miroslava Breach.
En la recomendación 7, la CNDH -desde 2004- se refiere particularmente a este aspecto: exige de las autoridades vigilar que el Ministerio Público evite presionar u obligar a los periodistas a divulgar sus fuentes de información.
Hoy sabemos que no es suficiente que el MP respete a los periodistas en sus fuentes, sino que es necesario incluir -de hecho ya lo está legalmente desde su inclusión en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión- en esa prohibición a todos los funcionarios y particulares con poder fáctico.
Funcionarios no sólo de gobierno, sino también de partidos políticos: nadie puede -ni debe- obligar o presionar para obtener fuentes de información, menos poner en riesgo la integridad del comunicador, revelando esas fuentes.
Sin duda, hay mucho que hacer en el ámbito legislativo estatal, el problema es la ausencia de voluntad política para hacerlo.
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