Por: Lilia Aguilar Gil
Procurar los ingresos necesarios a las finanzas del estado, sí; cuidar que las cargas impositivas al sector empresarial no sean excesivas, también; pero, ante todo, no permitir que por las dos anteriores se perjudique a los obreros, debe ser la principal responsabilidad y ocupación de los tres órdenes de Gobierno. Lograr el balance entre estas tres necesidades es la llave para un presupuesto justo.
En días pasados, la gobernadora del estado presentó su propuesta de paquete de la miscelánea fiscal, que busca lograr ingresos por un total de 81 mil 352 millones 617 mil 19 pesos. Entre algunas otras propuestas está la de subir el Impuesto Sobre Nómina a 4%, contemplándose que para en 2023 baje a 3.5% y en 2024 regrese completamente al 3% como se pagó durante estos últimos años.
Ante la propuesta, algunas cámaras empresariales han señalado su descontento, pero ante la muy probable aprobación en el Congreso estatal han solicitado que al menos los recursos que por este concepto se recauden se queden en Ciudad Juárez o bien, se orienten al sistema de salud y a estancias infantiles.
Los empresarios argumentan que a raíz de la pandemia la industria maquiladora vio mermadas sus actividades, producción y, por tanto, sus percepciones. Ello impactó directamente en los trabajadores, que debieron trabajar con el riesgo de contraer el virus y con políticas poco amigables para sus bolsillos.
Una de las medidas que estas empresas implementaron para equilibrar la falta de actividad económica fue la reducción de los salarios de los trabajadores, quienes percibieron salarios con descuentos desde 35 hasta 50%.
Esto sin duda fue y a la fecha sigue siendo un golpe muy duro para muchos hogares. Consideremos que gracias a que es un sector formal que ofrece prestaciones, la mayoría de los trabajadores tiene préstamos de vivienda, lo que implica descuentos de alrededor 30% de su salario; si a esto le sumamos algún otro préstamo solicitado a la empresa y los compromisos de manutención, la afectación del ingreso de los trabajadores se ve bastante comprometido.
Chihuahua ocupa el tercer lugar en número de establecimientos manufactureros activos, con un total de 500, sólo después de Nuevo León con 658 y Baja California con 930. De tal suerte que es una entidad estratégica para la industria maquiladora y nuestra economía y estabilidad dependen fuertemente de ello; tan sólo Ciudad Juárez alberga más del 65% del total de sus naves industriales.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el municipio de Ciudad Juárez hay alrededor de 330 maquilas; 109 en la ciudad de Chihuahua y 61 en el resto del estado, lo que se traduce en 384 mil 665 personas ocupadas en la industria manufacturera y 405 mil 426 en establecimientos manufactureros con programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación (IMMEX).
El Laboratorio de Economía de la Universidad de Ciudad Juárez, en 23 de las 32 entidades federativas en las que se incrementó el ISN, la carga impositiva fue para el trabajador, y esta no es la solución al balance presupuestario que busca el Ejecutivo estatal, ya que si esto sucede, los trabajadores ganarán menos, consumirán menos y por tanto las empresas venderán menos y producirán menos.
Para evitarlo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe garantizar que los trabajadores no sean sujetos de traslados de las tasas impositivas del sector, además, el gobierno estatal debería considerar implementar o intensificar los programas sociales de la entidad que tengan en cuenta las necesidades de la industria manufacturera.
No debemos olvidar que el objetivo final de un presupuesto estatal es el bienestar de la ciudadanía.
