A poco más de un año de gobierno de Javier Corral, hay muchas deficiencias combinadas con ineptitud y temas que han empeorado como la violencia y la seguridad en el estado. Aquel bono democrático, fundado principalmente en la detención del exgobernador Cesar Duarte, está por los suelos. Promesas no cumplidas, se llaman.
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra prometer en sus tres primeras acepciones señala:
- tr. Obligarse a hacer, decir o dar algo.
- tr. Asegurar la certeza de lo que se dice.
- tr. Dicho de una persona o de una cosa: Dar muestras de que será verdad algo. La película promete ser aburrida.
Este año no refleja a un gobernador que incumple, a un gobernador que no resuelve, a un gobernador ineficiente. En su defensa, algunos dirán que no está en sus manos ni en sus atribuciones meter a la cárcel al exgobernador, que él ya hecho lo que tenía que hacer, y que lo que suceda después no es su responsabilidad.
Yo les contestaría: eso ya lo sabía el gobernador, no lo acaba de descubrir. Estamos hablando de un personaje con casi 35 años de trayectoria política (así se señala en la página del gobierno del estado) que sabía que lo que prometió, no lo iba a poder cumplir, pero aun así fundó su campaña en ello, acumulando a través del enojo colectivo un resultado que solo le beneficiaba a él.
La insistencia de la campaña era tal, que muchos seguro imaginaron a Corral tomando del brazo al ex gobernador y llevándolo detrás de los barrotes. Eso no ha sucedido y no está dentro de las atribuciones de un gobernador.
Después de esto, una de las promesas era la de terminar con la inseguridad y violencia en el estado. La Asociación Civil, Causa Común, señaló que el periodo de 2008 a 2011 fue el más “sangriento”, lo que colocaba a Chihuahua como el estado con la mayor tasa de homicidios, 111 por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional era de 18.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, señaló que el 74.2 por ciento de la población afirmó sentirse insegura en su entidad. El mismo estudio indica aumentos en el número de víctimas del delito, que pasaron de 23 mil 993 en 2015 a 26 mil 998 en 2016, y de ilícitos, los cuales subieron de 31 mil 274 a 34 mil 990.
Ante esto, tanto Corral como el actual gabinete señalan que el pasado gobierno maquilló las cifras a la baja y por eso ahora, “pareciera” que subieron o van en aumento. Además, acusa al gobierno federal por bajar los brazos al retirar efectivo de la Policía Federal. ¿Puede ser esto cierto? Yo podría pensar que si, sin embargo, eso no es suficiente para explicar la situación en la que estamos ahora, ni mucho menos lo que se ha dejado de hacer.
Porque, así justificado todo, cabría preguntar: ¿y ante esos frenos u obstáculos, el gobierno estatal no puede hacer nada? Si puede, pero no lo hace.
lilia.aguilargil.2015@gmail.com
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