/ jueves 2 de noviembre de 2017

Cataluña: de la declaración de independencia a la destitución del gobierno

El parlamento de la comunidad autónoma de Cataluña declaró el 27 de octubre la independencia y la constitución de una república. La respuesta del gobierno español fue la aplicación del artículo 155, por lo que se procedió a la disolución del parlamento y la destitución del gobierno catalán.

La crisis más grave que enfrenta la democracia española desde su instauración en 1978 pone a prueba la unión de las comunidades autónomas. Ante el riesgo de que otras regiones reclamen también su independencia a Mariano Rajoy no le quedó más alternativa que tomar el control directo del gobierno catalán y convocar a elecciones para el 21 de diciembre.

La intransigencia del ahora ex presidente catalán Carles Puigdemont llevó a los independentistas a un callejón sin salida del que les será muy costoso salir pues no cuentan con el apoyo de la mayoría de la población catalana y menos de las demás naciones europeas.

Después de la fiesta por la independencia ahora los catalanes sufren la resaca de la dura realidad a la que se enfrentarán, pues en lugar de ser más autónomos ahora dependerán aún más de las decisiones emanadas desde Madrid a través de la vicepresidente que asume el poder en esta región.

Puigdemont pasará a la historia como el dirigente que llevó a cabo su promesa de lograr una Cataluña independiente… aunque fuera por unas horas. El precio que puede pagar sería pasar de 20 a 30 años en prisión y desde luego perder sus derechos políticos.

El resto de los catalanes ya están sufriendo el alto costo de su temporal independencia, pues los bancos y grandes empresas continúan saliendo de Cataluña. Además la división entre independentistas y nacionalistas españoles se ha ahondado, por lo que la posible reconciliación podría tardar un buen tiempo, si es que se pudiera llevar a cabo.

La inestabilidad política también afectará al turismo, una de las principales fuentes de divisas y generadora de empleos. En lugar de una nueva nación esta comunidad autónoma se podría transformar en una referencia negativa al amenazar integridad de la república española.

La batalla de las banderas nunca ha tenido un final feliz, pues la confrontación de los nacionalismos desemboca usualmente en conflictos bélicos. La pregunta que queda en el aire sigue siendo para qué desean los catalanes su independencia si no tienen el apoyo y menos reconocimiento internacional, sobre todo de la Unión Europea.

La incertidumbre de cuál será la respuesta de los independentistas a la intervención directa del gobierno español reina en el ámbito político mundial. Por lo pronto están solos, pues el resto de los españoles no han manifestado algún respaldo a la causa catalana y en cambio lo han hecho a la decisión de aplicar el artículo 155.

El conflicto podría agravarse si se suscitan fuertes enfrentamientos violentos que ameritaran la aplicación del artículo 116 de la constitución española. Ello implicaría el cese de las garantías individuales y de hecho la instalación de un estado de sitio.

Al parecer Rajoy cuenta con el apoyo, aunque condicionado, de su principal rival político, el dirigente del PSOE. Este partido es el que puede salir más beneficiado, pues el desprestigio y desgaste político lo sufrirá el Partido Popular al ser el responsable de la intervención en Cataluña.

La situación en esta región aún española es compleja y se tendrá que llegar a un acuerdo aunque sea desventajoso para las dos partes en pugna. El estado hispano ha puesto en marcha la maquinaria política y jurídica de acuerdo a lo establecido en sus leyes, pero falta el saldo que podría tener su implementación.

Las organizaciones mundiales deberían intervenir como mediadores para dar una salida decorosa a los independentistas, los que hasta ahora han privilegiado la resistencia pacífica. El riesgo es que en lugar de las banderas amarillas empiecen a predominar las negras y esta próspera región se convierta en un campo de batalla con las consecuentes pérdidas para todos los catalanes.

El parlamento de la comunidad autónoma de Cataluña declaró el 27 de octubre la independencia y la constitución de una república. La respuesta del gobierno español fue la aplicación del artículo 155, por lo que se procedió a la disolución del parlamento y la destitución del gobierno catalán.

La crisis más grave que enfrenta la democracia española desde su instauración en 1978 pone a prueba la unión de las comunidades autónomas. Ante el riesgo de que otras regiones reclamen también su independencia a Mariano Rajoy no le quedó más alternativa que tomar el control directo del gobierno catalán y convocar a elecciones para el 21 de diciembre.

La intransigencia del ahora ex presidente catalán Carles Puigdemont llevó a los independentistas a un callejón sin salida del que les será muy costoso salir pues no cuentan con el apoyo de la mayoría de la población catalana y menos de las demás naciones europeas.

Después de la fiesta por la independencia ahora los catalanes sufren la resaca de la dura realidad a la que se enfrentarán, pues en lugar de ser más autónomos ahora dependerán aún más de las decisiones emanadas desde Madrid a través de la vicepresidente que asume el poder en esta región.

Puigdemont pasará a la historia como el dirigente que llevó a cabo su promesa de lograr una Cataluña independiente… aunque fuera por unas horas. El precio que puede pagar sería pasar de 20 a 30 años en prisión y desde luego perder sus derechos políticos.

El resto de los catalanes ya están sufriendo el alto costo de su temporal independencia, pues los bancos y grandes empresas continúan saliendo de Cataluña. Además la división entre independentistas y nacionalistas españoles se ha ahondado, por lo que la posible reconciliación podría tardar un buen tiempo, si es que se pudiera llevar a cabo.

La inestabilidad política también afectará al turismo, una de las principales fuentes de divisas y generadora de empleos. En lugar de una nueva nación esta comunidad autónoma se podría transformar en una referencia negativa al amenazar integridad de la república española.

La batalla de las banderas nunca ha tenido un final feliz, pues la confrontación de los nacionalismos desemboca usualmente en conflictos bélicos. La pregunta que queda en el aire sigue siendo para qué desean los catalanes su independencia si no tienen el apoyo y menos reconocimiento internacional, sobre todo de la Unión Europea.

La incertidumbre de cuál será la respuesta de los independentistas a la intervención directa del gobierno español reina en el ámbito político mundial. Por lo pronto están solos, pues el resto de los españoles no han manifestado algún respaldo a la causa catalana y en cambio lo han hecho a la decisión de aplicar el artículo 155.

El conflicto podría agravarse si se suscitan fuertes enfrentamientos violentos que ameritaran la aplicación del artículo 116 de la constitución española. Ello implicaría el cese de las garantías individuales y de hecho la instalación de un estado de sitio.

Al parecer Rajoy cuenta con el apoyo, aunque condicionado, de su principal rival político, el dirigente del PSOE. Este partido es el que puede salir más beneficiado, pues el desprestigio y desgaste político lo sufrirá el Partido Popular al ser el responsable de la intervención en Cataluña.

La situación en esta región aún española es compleja y se tendrá que llegar a un acuerdo aunque sea desventajoso para las dos partes en pugna. El estado hispano ha puesto en marcha la maquinaria política y jurídica de acuerdo a lo establecido en sus leyes, pero falta el saldo que podría tener su implementación.

Las organizaciones mundiales deberían intervenir como mediadores para dar una salida decorosa a los independentistas, los que hasta ahora han privilegiado la resistencia pacífica. El riesgo es que en lugar de las banderas amarillas empiecen a predominar las negras y esta próspera región se convierta en un campo de batalla con las consecuentes pérdidas para todos los catalanes.