Por: Lilia Aguilar Gil
A tres días de conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Chihuahua sigue siendo un estado que violenta a sus mujeres. Permitir que a cientos o miles de chihuahuenses se les maltrate, se les viole, se les asesine, significa ser cómplices de esta violencia. Una justicia que ni es pronta ni es expedita y en donde la impunidad es un sello característico, pone a las autoridades junto a la impunidad, esa que tanto daño ha hecho a la ciudadanía, sobre todo a quienes, como víctimas indirectas, la hemos padecido.
De enero a octubre de este año, la Fiscalía General del Estado reconoció mil 142 violaciones y mil 432 casos de abuso sexual en el estado; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) registró en promedio mensual 273 denuncias presentadas ante la autoridad estatal, 29% más que el año pasado; 2 mil 780 llamadas registradas al 911 denunciando violencia familiar y de pareja, según la Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. ¿Qué ha cambiado estos últimos meses? Nada.
Con estos “números”, que en realidad son casos con nombre y apellidos de mujeres chihuahuenses, nuestro estado se mantiene dentro del top ten de las entidades en donde más se violenta a las mujeres. La organización Semáforo Delictivo señala a Chihuahua, Nayarit, Nuevo León y Sonora como los estados peor calificados de agosto en materia de incidencia delictiva, específicamente en lo que a feminicidios se refiere.
De acuerdo con la organización México Evalúa, Chihuahua es el segundo estado de la República con la mayor proporción de delitos sin castigo, con un 99.1% de casos impunes, porcentaje que sólo nos pone detrás de Guerrero.
Es evidente que el sistema de justicia en el estado necesita ajustes y estrategia que le permita accionar una política criminal coordinada entre todas las instancias encargadas de la procuración de justicia, desde la atención hasta la resolución de los casos.
La emisión de la alerta de género en agosto pasado para los municipios de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Parral y Guadalupe y Calvo es en principio un paso adelante, pues reconoce la gravedad del problema, además de ser un instrumento interinstitucional, de cooperación internacional, de la academia y de los colectivos de mujeres, para dar paso a las acciones de solución a este problema.
Dos meses después, en octubre, el gobierno estatal instaló un Grupo Interinstitucional Multidisciplinario para el Seguimiento de la Declaración de Alerta de Violencia de Género en Chihuahua para el estado de Chihuahua.
Importa instalar grupos y anunciarlo, sí, pero los casos de mujeres maltratadas, violadas y asesinadas siguen sucediendo, y eso significa que no se ha hecho lo suficiente.
Para disminuir la cantidad de violencias en contra de las mujeres, se necesitan planes, programas y acciones transversales que ataquen cada una de las debilidades que han quedado evidenciadas, desde el reconocimiento de que somos una sociedad violenta en contra de las mujeres y necesitamos reeducarnos, hasta acciones de procuración de justicia que atiendan eficazmente a las víctimas. Mientras no se atienda así, ningún grupo de seguimiento solucionará este fenómeno.
