Por: Juan Ramón Camacho Rodríguez
Un año y medio sin clases presenciales. Para unos es conveniente seguir con clases a distancia; para otros, es conveniente regresar a las aulas por el bien de la educación de infantes y jóvenes. Hay buenas razones de uno y otro lado.
Detrás de esta polémica interesante -y quizá no del todo inútil- que brota en el clima de opinión de nuestra sociedad, están presentes dos derechos fundamentales de nuestros niños y adolescentes: tienen derecho a la educación y tienen derecho a la salud.
Para el secretario de Educación y Deporte del gobierno del estado de Chihuahua, Carlos González Herrera, la discusión sobre el regreso a clases presenciales se ha enfocado en una polémica entre un sí o un no excluyentes entre sí que lo que hace es distraer.
En un mensaje, el secretario indicó que esa polémica del sí o el no “absolutos” impide ver los “múltiples factores a considerar en una coyuntura de la magnitud de esta”, afirmando que “la discusión no debe centrarse en si se regresa o no a clases presenciales”.
De acuerdo con el funcionario, el ciclo escolar 2021-2022 no inicia con el regreso a clases, sino con tres actividades previas: reactivación de los comités escolares de salud, realización del taller intensivo de capacitación docente y las primeras reuniones de los consejos técnicos escolares.
El gobierno apuesta por el regreso a clases presenciales mediante acciones graduales contempladas en la “Estrategia Chihuahua”, mencionada como una “ruta académica” que contempla nuevas modalidades en el sistema educativo.
El enfoque de la polémica del sí o el no, según González Herrera, impide la creación de escenarios para actuar de manera gradual y escalonada con el propósito de implementar las políticas públicas que se proyectan en la “Estrategia Chihuahua”.
Así que, desde el enfoque disyuntivo entre el sí y el no, será imposible avanzar en acciones como lo son el “recuperar los espacios escolares y su paulatina rehabilitación, la reconstrucción de las dinámicas laborales, la valoración exacta del deterioro de los aprendizajes y la formación socioemocional de niñas, niños y adolescentes”.
¿En qué debe enfocarse la discusión, entonces? “En las modalidades organizativas y operativas, en los controles y límites de la presencia en las escuelas, los compromisos de todos los actores para que el regreso a clases funcione y, por supuesto, en la flexibilidad y respuesta rápida para llevar a cabo los cambios que las condiciones de la salud pública nos exigen”, según González Herrera.
Para el gobierno del estado sí hay que estar presentes en las aulas. El problema es: ¿Cómo harán las autoridades educativas, los docentes, los padres de familia, los alumnos, directivos y personal administrativo para garantizar los dos derechos que apuntamos antes: educación y salud?
