/ jueves 30 de julio de 2020

CNDH: La letra muerta del régimen

“Disentir es uno de los derechos que le faltan a la Declaración de los Derechos Humanos”.

José Saramago. Escritor (1922 – 2010)


No existe mejor nicho palaciego para el presidente López Obrador como tapadera oficial que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así se han expresado voces disidentes y fundadas no sólo en México sino, por organismos derechohumanistas fuera de nuestro territorio, acerca de este noble instrumento que presuntamente fue creado para la protección de los derechos humanos de todos aquellos mexicanos, o que sin serlo radiquen o pisen el país, y consideren que han sido atropellados por el estado sus derechos fundamentales contra su vida, seguridad, manifestación de ideas, propiedades, etc. Desde la gestación viciada del nombramiento de su titular: Rosario Piedra Ibarra, al violarse el principio irrenunciable de que éste debería recaer en precisa persona que no militara en ningún partido político, como ella lo hacía abiertamente por Morena, lo cual contamina cualquier actividad de la CNDH, más cuando se trata de acciones ordenadas desde la misma presidencia de la República.

Es común ver y escuchar al presidente -echar por delante-, su decálogo de ofertar buenas intenciones y su acostumbrada letanía de reiteradas acusaciones al pasado. A los Fifís y al modelo neoliberal, pidiendo a los delincuentes se porten bien ante la dura amenaza de -decirle a sus mamás-, envuelto cada día en una incorregible irresponsabilidad desde su alta investidura para no hacer valer el Estado de derecho, ante la mirada complaciente de sus propios funcionarios que lo acompañan cada “Mañanera” que por conservar el “sagrado hueso” y sus canonjías son incapaces de pensar alguna idea para no contradecir al presidente, siendo en este claro contexto la inexistencia de la ley, menos aún el respeto a los derechos humanos y lo que es peor: desconocer la inanición del estado frente a la delincuencia que ha rebasado con creces al propio gobierno, dañando a la sociedad sin que se aprecie ninguna reacción de respuesta efectiva, por el contrario el país pareciera desquiciado y blanco de todas estas tragedias incluyendo la crisis económica que como la pandemia: “Nos ha caído como anillo al dedo”.

Afirmo categóricamente que la CNDH es una tapadera del gobierno federal basado en que el pasado 22 de abril de este año, redacté una queja ante la CNDH (a nombre de la Asociación de Usuarios de Distritos de Riego del Estado de Chihuahua A.C.) por las acciones de la Guardia Nacional de cruel atropello a los agricultores de la región sur del estado que respaldando a Conagua y CFE abrieron las compuertas de las presas de El Granero y La Boquilla, lo que propició un enfrentamiento violento con la tropa oficial sin importar la situación de la pandemia del Covid 19. En esa queja plasmaba todos los antecedentes del Tratado de Aguas de 1944 con los Estados Unidos, que muy claramente se refiere a los escurrimientos y donde el área de la cuenca del Conchos es responsable por aportar el 52% de la cuota anual de 431.7 millones de metros cúbicos hacia el vecino país. Dicha queja pese a la insistencia ante la CNDH nunca fue canalizada con ningún visitador. Pero lo más inadmisible para los chihuahuenses ha sido -el rechazo del gobernador Corral-, por respaldar a nuestros propios productores de los alimentos que consumimos incluyendo él.

Lo cierto es que el agua que arbitrariamente están extrayendo la conducen al estado de Tamaulipas por presión ante Conagua de varios senadores de Morena (antes del PRI), encabezados por Américo Villarreal en su ánimo por buscar la gubernatura de su entidad como lo fue su padre, que como subsecretario de infraestructura hidráulica en el régimen de López Portillo redactó un reglamento de aguas favorable a Tamaulipas. El fondo del asunto es la ampliación indebida de su frontera agrícola a costa de pretender el agua de Chihuahua, con el argumento tosco que el agua es de la Nación a pesar de que en Tamaulipas llueve 4 veces más que aquí en este desierto.

Amén de todo este viacrucis de los productores agrícolas del sur de nuestro estado, la CNDH jamás en su historia desde su creación en 1990 había tenido este efecto silenciador para todos aquellos legítimos señalamientos de violación a los derechos humanos, que reflejan toda un conducta del estado de seleccionar dónde se activan los procedimiento internos, diseñados para proteger la actuación de la 4T. Sin duda el tendido del cable directo de comunicación -entre la CNDH y Palacio Nacional-, fue inaugurado desde el momento en que la señora Ibarra Piedra asumió este importante cargo. Recordamos a Nelson Mandela desde la prisión en una de sus cartas que cita: “Estoy aquí no porque haya cometido algún delito, sino porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos es letra muerta en mi país”. Dejar al criterio selectivo de un régimen atender o no una queja de ciudadanos es sencillamente escuchar de un presidente decir: “La ley soy yo…”.


efconsultor@yahoo.com

“Disentir es uno de los derechos que le faltan a la Declaración de los Derechos Humanos”.

José Saramago. Escritor (1922 – 2010)


No existe mejor nicho palaciego para el presidente López Obrador como tapadera oficial que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así se han expresado voces disidentes y fundadas no sólo en México sino, por organismos derechohumanistas fuera de nuestro territorio, acerca de este noble instrumento que presuntamente fue creado para la protección de los derechos humanos de todos aquellos mexicanos, o que sin serlo radiquen o pisen el país, y consideren que han sido atropellados por el estado sus derechos fundamentales contra su vida, seguridad, manifestación de ideas, propiedades, etc. Desde la gestación viciada del nombramiento de su titular: Rosario Piedra Ibarra, al violarse el principio irrenunciable de que éste debería recaer en precisa persona que no militara en ningún partido político, como ella lo hacía abiertamente por Morena, lo cual contamina cualquier actividad de la CNDH, más cuando se trata de acciones ordenadas desde la misma presidencia de la República.

Es común ver y escuchar al presidente -echar por delante-, su decálogo de ofertar buenas intenciones y su acostumbrada letanía de reiteradas acusaciones al pasado. A los Fifís y al modelo neoliberal, pidiendo a los delincuentes se porten bien ante la dura amenaza de -decirle a sus mamás-, envuelto cada día en una incorregible irresponsabilidad desde su alta investidura para no hacer valer el Estado de derecho, ante la mirada complaciente de sus propios funcionarios que lo acompañan cada “Mañanera” que por conservar el “sagrado hueso” y sus canonjías son incapaces de pensar alguna idea para no contradecir al presidente, siendo en este claro contexto la inexistencia de la ley, menos aún el respeto a los derechos humanos y lo que es peor: desconocer la inanición del estado frente a la delincuencia que ha rebasado con creces al propio gobierno, dañando a la sociedad sin que se aprecie ninguna reacción de respuesta efectiva, por el contrario el país pareciera desquiciado y blanco de todas estas tragedias incluyendo la crisis económica que como la pandemia: “Nos ha caído como anillo al dedo”.

Afirmo categóricamente que la CNDH es una tapadera del gobierno federal basado en que el pasado 22 de abril de este año, redacté una queja ante la CNDH (a nombre de la Asociación de Usuarios de Distritos de Riego del Estado de Chihuahua A.C.) por las acciones de la Guardia Nacional de cruel atropello a los agricultores de la región sur del estado que respaldando a Conagua y CFE abrieron las compuertas de las presas de El Granero y La Boquilla, lo que propició un enfrentamiento violento con la tropa oficial sin importar la situación de la pandemia del Covid 19. En esa queja plasmaba todos los antecedentes del Tratado de Aguas de 1944 con los Estados Unidos, que muy claramente se refiere a los escurrimientos y donde el área de la cuenca del Conchos es responsable por aportar el 52% de la cuota anual de 431.7 millones de metros cúbicos hacia el vecino país. Dicha queja pese a la insistencia ante la CNDH nunca fue canalizada con ningún visitador. Pero lo más inadmisible para los chihuahuenses ha sido -el rechazo del gobernador Corral-, por respaldar a nuestros propios productores de los alimentos que consumimos incluyendo él.

Lo cierto es que el agua que arbitrariamente están extrayendo la conducen al estado de Tamaulipas por presión ante Conagua de varios senadores de Morena (antes del PRI), encabezados por Américo Villarreal en su ánimo por buscar la gubernatura de su entidad como lo fue su padre, que como subsecretario de infraestructura hidráulica en el régimen de López Portillo redactó un reglamento de aguas favorable a Tamaulipas. El fondo del asunto es la ampliación indebida de su frontera agrícola a costa de pretender el agua de Chihuahua, con el argumento tosco que el agua es de la Nación a pesar de que en Tamaulipas llueve 4 veces más que aquí en este desierto.

Amén de todo este viacrucis de los productores agrícolas del sur de nuestro estado, la CNDH jamás en su historia desde su creación en 1990 había tenido este efecto silenciador para todos aquellos legítimos señalamientos de violación a los derechos humanos, que reflejan toda un conducta del estado de seleccionar dónde se activan los procedimiento internos, diseñados para proteger la actuación de la 4T. Sin duda el tendido del cable directo de comunicación -entre la CNDH y Palacio Nacional-, fue inaugurado desde el momento en que la señora Ibarra Piedra asumió este importante cargo. Recordamos a Nelson Mandela desde la prisión en una de sus cartas que cita: “Estoy aquí no porque haya cometido algún delito, sino porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos es letra muerta en mi país”. Dejar al criterio selectivo de un régimen atender o no una queja de ciudadanos es sencillamente escuchar de un presidente decir: “La ley soy yo…”.


efconsultor@yahoo.com