Por: Rafael Espino
El pasado jueves 9 de junio, la Comisión de Justicia del Senado de la República realizó en su sede parlamentaria un primer foro abierto de análisis y estudio del proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, al que asistieron jueces, magistrados, representantes de colectivos independientes, instituciones académicas, Colegios y Barras de Abogados; diputados y senadores federales y en general representantes de organizaciones de la sociedad civil interesados en el tema.
El foro realizado fue en principio el primero de siete eventos que se celebrarán en una primera etapa entre junio y julio de este año, en la CDMX y en ciudades del interior de la República, tales como Ciudad Juárez; Morelia, Michoacán; el Puerto de Veracruz o Cuernavaca, Morelos, entre otras.
En un ejercicio de parlamento abierto, acordado por todos los grupos políticos representados al interior del Senado, se resaltó que el propósito de estos eventos es el identificar los problemas que actualmente derivan de la normativa vigente en materia de procesos civiles y familiares, para tratar de hacerla más afable, eficiente y accesible para los gobernados, que en algún momento de sus vidas se ven a la necesidad de acudir al Estado para la resolución de controversias que surgen entre particulares.
Legislar en estas materias resulta necesario, ya que la codificación de las entidades federativas es obsoleta y da pauta a la generación de múltiples y muy variados conflictos. De ahí surgió la idea de legislar para la unificación de esta regulación que, sin ninguna duda, de aprobarse traerá grandes beneficios a la sociedad civil.
Las materias civil y familiar son muy relevantes para el país. Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2021 del INEGI, en 2020 los poderes judiciales estatales reportaron un rezago importante de 121,000 expedientes entre los que un 37% se refería a temas civiles y un 32% a familiares.
La propuesta para expedir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares atiende a la reforma constitucional de justicia cotidiana por la que se modificaron los artículos 16, 17 y 73, publicada en septiembre de 2017.
Este cambio normativo nos dio competencia para emitir una legislación única de tipo procesal civil y familiar, adicional a prever que en los procedimientos seguidos en forma de juicio las autoridades deben priorizar el resolver el conflicto sobre los formalismos procedimentales. Sin duda un tema muy relevante y dirigido a atacar los mayores vicios de nuestro sistema de justicia, como lo son el excesivo formalismo y los tiempos en los que se resuelven los juicios, que terminan por desvirtuar el proceso en su conjunto.
A finales de 2021, los senadores Ricardo Monreal y Julio Menchaca presentaron una iniciativa preparada con la intervención de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), la cual se turnó a las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos que somos los organizadores de estos foros.
La propuesta, que constituye nuestro punto de partida, aborda varios temas, tales como la regulación del sistema de impartición de justicia en su competencia objetiva y subjetiva, las disposiciones comunes a los procedimientos civiles y familiares; las acciones colectivas, lo relativo a las sentencias, las vías de apremio y su ejecución, un capítulo de cooperación procesal internacional y lo relativo al juicio arbitral.
Todos estos aspectos serán analizados y debatidos para adicionalmente abrir espacio a nuevos temas que vayan surgiendo, como ya fue el caso de sugerencias de modificaciones importantes en lo relativo a las acciones colectivas y a la representación jurídica de las personas discapacitadas.
El próximo 7 de julio se realizará en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el último foro de esta primera etapa deliberativa.
Invitamos a toda la comunidad jurídica a asistir o seguirnos por el canal del Congreso y demás redes sociales.
