La impartición de justicia electoral no es una cuestión menor, pues de esta manera se fortalece la democracia y como consecuencia genera una paz y estabilidad no sólo política, sino también social dando pie al desarrollo de la sociedad y el Estado.
Es por lo anterior que las instituciones públicas del país y por ende del estado de Chihuahua debemos buscar los mecanismos para mejorar la democracia; la evolución de una sociedad tiene mucho que ver con la mejora de las instituciones, misma que se logra colaborando de manera respetuosa y legal entre las mismas.
Tal como lo señala la Constitución Política del Estado de Chihuahua, el Tribunal Estatal Electoral es un órgano con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, tiene patrimonio propio y debe cumplir sus funciones siempre bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.
La autonomía se define como la facultad que tiene una entidad en obrar según su criterio con total independencia de la opinión y deseos de otros, sin embargo, mencionarla como una de las características del tribunal no quiere decir que no debe o puede tener relaciones interinstitucionales con diversos entes públicos.
Con el propósito de maximizar los principios rectores de la materia electoral; el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua se han propuesto consumar un convenio formal con la intención de agilizar la tramitación sobre los recursos e impugnaciones que son presentados por los ciudadanos y los partidos políticos con relación del proceso electoral que se encuentra en proceso en estos momentos.
Dicho convenio tiene como objetivo principal el coordinar acciones para desarrollar, en el ámbito de sus respectivas competencias y sujeto al marco constitucional y legal aplicable: estrategias para el intercambio de información, seguimiento a denuncias en la materia electoral; siempre buscando el interés general de ambas instituciones y respetando las facultades y atribuciones conferidas a ambas por la diversa normatividad.
Situación que es benéfica tanto para el órgano administrativo como para el jurisdiccional, pues como parte importante de toda actividad electoral es darle justicia lo más pronto posible al justiciable; acortando de esta manera los tiempos en los que se dicta sentencia en los diversos medios de impugnación.
Particularmente celebro este tipo de esfuerzos entre instituciones partícipes de nuestro sistema electoral, es lo que ha permitido que la democracia se haya consolidado en México del modo en que lo ha hecho, lo cual ha generado las condiciones necesarias no sólo para la alternancia en los órganos de representación política, sino también para el crecimiento en rubros muy diversos, como lo son el económico, el cultural, el educativo, el laboral, e incluso, la potenciación de la protección y ejercicio de nuestros Derechos Humanos.
