Inobservancia de la ley, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza, omisiones de las autoridades. Todos ellos elementos que se dan en cientos, miles de casos, todos los días, en cualquier municipio o comunidad del país. Nadie es inmune a ello, todos y todas estamos expuestas a esos mismos elementos, pero no pasa nada.
Seguramente al lector no le es desconocido el nombre de Marco Antonio Sánchez, el estudiante de la Ciudad de México que el pasado martes fue detenido arbitrariamente por elementos de la policía de esta ciudad, haciendo uso excesivo de la fuerza, omitiendo e inobservando el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Detención de Adolescentes en Conflicto con la Ley, y agregaríamos, pisoteando los Derechos Humanos de Marco.
Los vacíos y las preguntas son demasiadas y las versiones de las autoridades, desde la del jefe de Gobierno hasta la de los policías que llevaron a cabo la detención, no son suficientes ni mucho menos contundentes: ¿Por qué lo detuvieron?, ¿quién lo acusó?, ¿por qué el uso de la fuerza cuando el protocolo señala claramente cuándo usarse y cuándo no?, ¿por qué lo suben a la patrulla sin existir causa legal?, ¿por qué no lo conducen al MP y llaman a sus padres, como señala el mismo protocolo?, ¿dónde estuvo Marco esos días? La ficha de desaparición de Marco se socializó y viralizó en redes sociales desde el miércoles, ¿por qué las autoridades del Estado de México no informaron del hallazgo de Marco?, ¿y la coordinación entre autoridades?
La desaparición forzada ronda otra vez al Estado mexicano, aunque las autoridades de la Ciudad de México lo nieguen o lo quieran desestimar. Los hechos ahí están: lo aprehenden, lo suben a la patrulla, no lo trasladan al MP, y después, nada se sabe de él. Y cuántas veces esto sucede sin que haya nadie que pueda registrar la actuación impune y abusiva de poder de parte de aquellos que se supone protegen a la ciudadanía.
Al final, ¿qué es lo que no funciona? Si bien es cierto que la ley es perfectible, ahí está, señalando claramente los elementos para considerar una desaparición forzada; las capacitaciones a las policías evidentemente no son suficientes; es la clase política en turno entonces la que con tal de defender su “imagen” desestima las evidentes fallas y su justicia sólo les alcanza para responsabilizar a los actores materiales sin reconocer que ese eslabón es sólo eso, un eslabón de una cadena mucho más grande que sí les atañe a ellos: un sistema de justicia en crisis.
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