Condolencias sentidas por el sensible fallecimiento del joven Fernando Aguilar. Particularmente a la familia Olivas Aguilar. Compartimos con cercanía el sentimiento de pérdida. Descanse en paz.
Hemos discutido la impertinencia, abuso y exceso en que incurre el Estado al imponer un criterio de contenido ético en la información difundida por los medios de comunicación social pertenecientes al sistema concesionario de radiodifusión y televisión.
No se justifica que imponga deberes éticos a los medios de comunicación un funcionario administrativo o autoridad legislativa alguna, porque en ellos subyace, desafortunadamente, una intencionalidad de control.
La construcción de una ética surge del mismo medio de comunicación: del autocontrol, al que obliga la creciente demanda del consumidor de información, que exige pluralidad, profundidad o crítica. Aún más, de la intencionalidad ideológica del auditorio que busca reforzar sus posiciones económicas, políticas o sociales.
Si se imponen criterios éticos, estamos frente a una determinación de construir un medio de comunicación para efectos de propaganda, y no un medio de comunicación que abona al fortalecimiento de un sistema de comunicación plural y diverso, pleno en el ejercicio de la libre expresión de las ideas.
La propaganda y la libre expresión son antagónicos. La reconciliación entre ambos es imposible. Pero eso no lo entiende el Estado actual, que pretende imponer criterios éticos a los medios de comunicación social, bajo el argumento de la concesión pública.
La concesión implica el otorgamiento de un contrato de usufructo, para que el particular realice el ideal de la libre expresión y el derecho a la información. Con ello es suficiente. El resto debe quedar al garete del mercado de la comunicación social. Los parámetros éticos señalados para los concesionarios, son cadenas que afectan su desarrollo y cumplimiento de objetivos.
Las concesiones así otorgadas son espejismos, ilusiones, fraude a la ley, desde el mismo Estado para pervertir la comunicación social.
Si se cuestiona la imposición de caracteres ineludibles a la concesión pública del espectro radioeléctrico, más debe censurarse la intención del Estado de imponer censura ética al desempeño de los medios de comunicación del ámbito privado, porque en ellos sólo existe el esfuerzo particular para contribuir a la difusión de las ideas, mediante principios críticos de discusión del aspecto público.
No hay en la comunicación privada una intencionalidad de propaganda, y si la existe, será el nicho particular de audiencia el que soporte el esfuerzo financiero de sostenimiento. Obvio, el Estado observará en dicho segmento poblacional una oportunidad de difusión de su propia propaganda, por lo cual deberá decidir entre invertir o no con anuncios que impulsen sus programas y convenzan al electorado de su propia benignidad.
Ausentarse o no con publicidad en un medio de comunicación es un asunto indiscutible de derecho de las audiencias por conocer los afanes comunicacionales del Estado.
Puede el Estado esconder su cabeza en un hoyo, como un avestruz, o puede aventurarse en la travesía de la libre expresión, la pluralidad y la diversidad comunicacional. Parece que la segunda posibilidad es la idónea, en un Estado democrático y alejado de las posiciones sectarias, solución fácil de asumir en teoría pero que en la práctica exige un comportamiento heroico que pocos estados están dispuestos a asumir.
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