/ jueves 8 de febrero de 2018

Como lo diría el revolucionario del 68 José Revueltas: “Se mantiene la protesta, se reanudan los estudios”

El movimiento de protesta encabezado por el gobernador Javier Corral va mucho más allá de la petición de extradición en forma efectiva del exgobernador César Duarte y el cumplimiento de los convenios económicos incumplidos, es, como él lo aseguró, una revolución de mentes, pacífica.

“El nuevo PRI”, cegado por la soberbia y la prepotencia, habitualmente malas consejeras, que nublan la visión y entorpecen al más diestro, ha complicado el quehacer del Ejecutivo, burguesía priista, ensoberbecida con los años, ahora híper contaminada por la corrupción endémica del sistema,  metiéndose innecesariamente en callejones sin salida, en el último tramo del sexenio del presidente Peña Nieto.

Después de la detención de Alejandro Gutiérrez la Coneja y la repentina salida del ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, peligrosamente enrarecieron el ambiente, de por sí convulsionado, por los actos de corrupción y la impunidad que han caracterizado al actual Gobierno de la República, que como fiera herida, ferozmente atacó a su presa, sin el menor recato, carente de rubor y prudencia, inició una embestida institucional, represión por todos los medios a su alcance, buscando intimidar a su adversario a como dé lugar, involucrando a varias secretarías, usando el apoyo de algunos medios de comunicación incondicionales,  poniendo en riesgo la gobernabilidad de todo el país, para caer, al final de cuentas, en lo que debieron haber hecho desde un principio: cumplir con los acuerdos pactados y dar celeridad a la petición de extradición.

Arrodillar a los gobernadores, por lo que en justicia les corresponde, es una forma habitual, en la que el sistema ha operado desde siempre, sobre todo en materia económica, mucho más, después de que el 1 de enero de 1980 entrara en vigor la Ley de Coordinación Fiscal, la amenaza contra cualquier acción pone en jaque a cualquiera, pero en esta ocasión, el gobernador cambió la estrategia de una defensa pasiva por una agresiva ofensiva, arriesgada y temeraria, a mayor riesgo, mayor utilidad, con una actitud sin precedente en la historia reciente de México, abanderando un liderazgo nacional, que por las causas que fueran, había sido abandonado o nadie había tomado, así de simple, podemos ver cómo el gobernador Corral ha tomado preponderancia nacional.

El secretario de Gobernación, Navarrete Prida, equivoca la estrategia de salida del gobierno federal, argumentando el no triunfo del Gobierno del Estado de Chihuahua, minimizando los alcances de la caravana, cuando su papel como el principal negociador y controlador del gobierno interior es propiciar acuerdos y asegurar la gobernabilidad.

La primera consecuencia de la Caravana por la Dignidad deberá ser, como ya lo anticipó el propio Corral, una revisión profunda del sistema de coordinación fiscal, método obsoleto e inoperante, que deja al criterio y discreción del Ejecutivo en turno la repartición del ingreso tributario repartible, propiciando la total vulnerabilidad de los estados y municipios, entes desprotegidos y dependientes.

Como lo diría el revolucionario del 68 José Revueltas: “Se mantiene la protesta, se reanudan los estudios”.

 

El movimiento de protesta encabezado por el gobernador Javier Corral va mucho más allá de la petición de extradición en forma efectiva del exgobernador César Duarte y el cumplimiento de los convenios económicos incumplidos, es, como él lo aseguró, una revolución de mentes, pacífica.

“El nuevo PRI”, cegado por la soberbia y la prepotencia, habitualmente malas consejeras, que nublan la visión y entorpecen al más diestro, ha complicado el quehacer del Ejecutivo, burguesía priista, ensoberbecida con los años, ahora híper contaminada por la corrupción endémica del sistema,  metiéndose innecesariamente en callejones sin salida, en el último tramo del sexenio del presidente Peña Nieto.

Después de la detención de Alejandro Gutiérrez la Coneja y la repentina salida del ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, peligrosamente enrarecieron el ambiente, de por sí convulsionado, por los actos de corrupción y la impunidad que han caracterizado al actual Gobierno de la República, que como fiera herida, ferozmente atacó a su presa, sin el menor recato, carente de rubor y prudencia, inició una embestida institucional, represión por todos los medios a su alcance, buscando intimidar a su adversario a como dé lugar, involucrando a varias secretarías, usando el apoyo de algunos medios de comunicación incondicionales,  poniendo en riesgo la gobernabilidad de todo el país, para caer, al final de cuentas, en lo que debieron haber hecho desde un principio: cumplir con los acuerdos pactados y dar celeridad a la petición de extradición.

Arrodillar a los gobernadores, por lo que en justicia les corresponde, es una forma habitual, en la que el sistema ha operado desde siempre, sobre todo en materia económica, mucho más, después de que el 1 de enero de 1980 entrara en vigor la Ley de Coordinación Fiscal, la amenaza contra cualquier acción pone en jaque a cualquiera, pero en esta ocasión, el gobernador cambió la estrategia de una defensa pasiva por una agresiva ofensiva, arriesgada y temeraria, a mayor riesgo, mayor utilidad, con una actitud sin precedente en la historia reciente de México, abanderando un liderazgo nacional, que por las causas que fueran, había sido abandonado o nadie había tomado, así de simple, podemos ver cómo el gobernador Corral ha tomado preponderancia nacional.

El secretario de Gobernación, Navarrete Prida, equivoca la estrategia de salida del gobierno federal, argumentando el no triunfo del Gobierno del Estado de Chihuahua, minimizando los alcances de la caravana, cuando su papel como el principal negociador y controlador del gobierno interior es propiciar acuerdos y asegurar la gobernabilidad.

La primera consecuencia de la Caravana por la Dignidad deberá ser, como ya lo anticipó el propio Corral, una revisión profunda del sistema de coordinación fiscal, método obsoleto e inoperante, que deja al criterio y discreción del Ejecutivo en turno la repartición del ingreso tributario repartible, propiciando la total vulnerabilidad de los estados y municipios, entes desprotegidos y dependientes.

Como lo diría el revolucionario del 68 José Revueltas: “Se mantiene la protesta, se reanudan los estudios”.