Por: Hiram Hernández Zetina
Alguna vez leí una afirmación que me dejó sumamente reflexivo: “La democracia en México termina el día de la elección”.
En estricto sentido, la democracia es el gobierno de la gente, que deposita la facultad de tomar las decisiones sobre el rumbo que debe llevar determinada nación, en las autoridades electas por la mayoría. Conviene entonces preguntar: ¿Verdaderamente la democracia termina el día de la elección?
Tristemente, en México parece que así es, por dos razones: en primer lugar, porque vivimos en un país con una muy baja participación política, en el que la mayoría de la gente se limita a votar -sin opinar-, en el mejor de los escenarios y sólo a criticar -sin votar siquiera-, en el peor. Sin embargo, la democracia mexicana termina el día de la elección debido también a la falta de instrumentos de participación política, a través de los cuales nos podamos expresar y hacer valer nuestra opinión.
Por todo lo anterior, es que me gustaría celebrar la consulta popular del próximo domingo 1 de agosto. Es el primer ejercicio de democracia participativa que se realizará de manera constitucional en nuestro país, a diferencia de las trágicas consultas emprendidas en el pasado por el actual gobierno, como aquella que propició la costosa cancelación del NAICM.
Sin embargo, lamento mucho que la consulta sea sobre el tema particular en el que parece centrarse. Es pura demagogia. Resulta una verdadera farsa que se promocione como un ejercicio para que el pueblo decida si se enjuicia o no a los expresidentes de México, cuando la pregunta redactada y aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es sumamente ambigua:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Como se puede observar, la pregunta lo dice todo y, al mismo tiempo, nada. En el caso de que los resultados de la consulta fueran jurídicamente vinculantes -para lo que se necesita la participación del 40% del padrón electoral-, no hay certeza en absoluto de que, derivado de dicho ejercicio, se vaya a proceder contra los exmandatarios de nuestra nación, sin mencionar el hecho de la flagrante violación al derecho de presunción de inocencia de los susodichos.
Por si fuera poco, resulta alarmante lo denunciado por Salvador García Soto en su popular columna, publicada por El Universal el pasado 24 de julio del presente: que el gobierno federal, a través de su estructura de superdelegados y programas sociales, prepara el despliegue de toda una operación de movilización masiva financiada con recursos públicos, para evitar que la consulta popular se vea vacía y ausente de participación.
Así mismo, García Soto denuncia también que se le están asignando cuotas de movilización a alcaldes morenistas, en algunos casos llegando a alcanzar la cifra de 300 mil personas a movilizar. Como si no fuera suficientemente alto el costo de la consulta organizada por el INE, -mismo que asciende a más de 500 millones de pesos-, el gobierno federal pretende derrochar el dinero de todos los mexicanos en un ridículo esfuerzo de acarreo para cuidar su imagen.
Finalmente, considero que la aplicación de la ley no debería de someterse a consulta. Si funcionarios y gobernantes del pasado o actuales cometen delitos, deben ser juzgados por ello, respetando en todo momento la presunción de inocencia. Ello no debería de estar sujeto a consulta alguna.
AMLO y su gobierno, como Poncio Pilato…
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