/ domingo 19 de septiembre de 2021

Cómo remover los obstáculos para garantizar el progreso de México

Por: Juan Carlos Loera

Nuestro país, nuestro estado han enfrentado un cúmulo de obstáculos para alcanzar su desarrollo, pero de los muchos que todos conocemos destacan tres: la inseguridad, un crecimiento económico acelerado sin desarrollo y la corrupción.

El primero de ellos ha lastimado profundamente a miles familias, ha generado miedo y la sensación colectiva de que nuestra sociedad vive en peligro, sin que tengamos a la vista un remedio posible.

Nuestra evolución económica se vive como una paradoja, tanto en la nación como en las regiones, y en Chihuahua encuentra la mejor de sus expresiones, al ser manifiesto que hemos generado riqueza, como nunca en la historia conocida, pero a la vez hemos sido testigos del empobrecimiento incomprensible de quienes generan esa riqueza.

Por su cuenta la corrupción es vista como un mal, que por décadas afectó los negocios públicos y privados, generando un caudal de desconfianza que paralizó nuestro progreso material, político y social.

Para muchos estudiosos estos grandes problemas no están aislados, hoy mismo se tiene la certeza de que en el origen de la inseguridad está un sistema de justicia que durante largo tiempo no hizo su tarea, con la honestidad y verticalidad con la que le correspondía actuar invariablemente.

Fue omiso y tolerante, y con ello propició un ambiente de impunidad que facilitó conductas corruptas en los más altos niveles de la sociedad y los gobiernos, con lo cual quebrantó las capacidades del estado de derecho para combatir a la delincuencia.

En el ámbito económico los empresarios honrados se quejan de que la administración de las regulaciones para la operación de los grandes y pequeños negocios era por demás inequitativa y que también con extrema frecuencia asomaban sus fauces los saurios de la corrupción.

Desde los años cincuenta en el ámbito de los pequeños negocios reinaba una conseja, plena de cinismo, que rezaba un poco más, un poco menos, lo siguiente “negocio que no da para que los trabajadores se roben al menos el diez por ciento, no es negocio”.

Aun los grandes asesores económicos del gobierno mexicano identificaron en el contrabando masivo el mérito de haber sido la válvula de escape que evitó que el proteccionismo con sus elevados aranceles asfixiara la economía mexicana.

Conocido ese entrelazamiento entre corrupción, economía e inseguridad, en el gobierno de la 4T estamos trabajando a fondo para remover los obstáculos que impiden el desarrollo de nuestro país y de todos los mexicanos.

El presidente López Obrador mantiene viva una cruzada permanente contra todas las expresiones deshonestas de los servidores públicos y por primera vez en la historia de México, esta batalla ha ido más lejos para denunciar a todos los personajes del bajo mundo empresarial que hicieron de la corrupción el mejor de sus negocios.

Pero con este combate AMLO no sólo quiere castigar a los grandes saqueadores de nuestro patrimonio; tampoco es sólo el propósito de hacerles reparar los daños causados al pueblo mexicano; es más que todo esto, esencialmente nuestro presidente está enviando un mensaje transformador, que busca llamarnos la atención sobre la importancia de darle la debida importancia a dos valores fundamentales: a la honradez y a la honestidad, esenciales para que nuestro país tenga futuro y destino.

En estas posturas cotidianas del presidente López Obrador hay un mensaje que confía en que la gran transformación de nuestro país está en la educación, en un proceso de formación de largo alcance que debe culminar en una transformación cultural en el que no habrá lugar para la corrupción ni para los comportamientos deshonestos.

Con este ejemplo a la vista nos queda claro que la propuesta para mejorar las condiciones de seguridad no sólo pasa por una reforma del sistema judicial, por una mejor coordinación de los aparatos del Estado que atienden estos asuntos; esto es necesario pero insuficiente: en la 4T sabemos que para mejorar las condiciones de seguridad tenemos que ir al fondo, a la raíz de este problema, que no es otra que la sociedad injusta que casi medio siglo de abusos forjó en contra de millones de trabajadores mexicanos.

La buena noticia es que este proceso empezó desde diciembre de 2018 y ya tenemos sus primicias: hoy nadie duda que hay un gobierno que está empeñado en sacar de su postración a los millones de mexicanos olvidados, que no descansará hasta hacer de México una nación más justa e igualitaria; y tienen razón para creerlo, porque son múltiples los beneficios que el gobierno de la 4T está procurando para todos los grupos y comunidades vulnerables.

Pero hay más: Los críticos más feroces deben entender, de una vez por todas, que las mejores armas para procurar y garantizar la seguridad de los ciudadanos no están en los cuarteles, en las agencias de policía, sino en el mínimo nivel de bienestar que el Estado debe asegurar a todas y todos los mexicanos.

Estamos casi a medio camino, pero lo conseguiremos.


Por: Juan Carlos Loera

Nuestro país, nuestro estado han enfrentado un cúmulo de obstáculos para alcanzar su desarrollo, pero de los muchos que todos conocemos destacan tres: la inseguridad, un crecimiento económico acelerado sin desarrollo y la corrupción.

El primero de ellos ha lastimado profundamente a miles familias, ha generado miedo y la sensación colectiva de que nuestra sociedad vive en peligro, sin que tengamos a la vista un remedio posible.

Nuestra evolución económica se vive como una paradoja, tanto en la nación como en las regiones, y en Chihuahua encuentra la mejor de sus expresiones, al ser manifiesto que hemos generado riqueza, como nunca en la historia conocida, pero a la vez hemos sido testigos del empobrecimiento incomprensible de quienes generan esa riqueza.

Por su cuenta la corrupción es vista como un mal, que por décadas afectó los negocios públicos y privados, generando un caudal de desconfianza que paralizó nuestro progreso material, político y social.

Para muchos estudiosos estos grandes problemas no están aislados, hoy mismo se tiene la certeza de que en el origen de la inseguridad está un sistema de justicia que durante largo tiempo no hizo su tarea, con la honestidad y verticalidad con la que le correspondía actuar invariablemente.

Fue omiso y tolerante, y con ello propició un ambiente de impunidad que facilitó conductas corruptas en los más altos niveles de la sociedad y los gobiernos, con lo cual quebrantó las capacidades del estado de derecho para combatir a la delincuencia.

En el ámbito económico los empresarios honrados se quejan de que la administración de las regulaciones para la operación de los grandes y pequeños negocios era por demás inequitativa y que también con extrema frecuencia asomaban sus fauces los saurios de la corrupción.

Desde los años cincuenta en el ámbito de los pequeños negocios reinaba una conseja, plena de cinismo, que rezaba un poco más, un poco menos, lo siguiente “negocio que no da para que los trabajadores se roben al menos el diez por ciento, no es negocio”.

Aun los grandes asesores económicos del gobierno mexicano identificaron en el contrabando masivo el mérito de haber sido la válvula de escape que evitó que el proteccionismo con sus elevados aranceles asfixiara la economía mexicana.

Conocido ese entrelazamiento entre corrupción, economía e inseguridad, en el gobierno de la 4T estamos trabajando a fondo para remover los obstáculos que impiden el desarrollo de nuestro país y de todos los mexicanos.

El presidente López Obrador mantiene viva una cruzada permanente contra todas las expresiones deshonestas de los servidores públicos y por primera vez en la historia de México, esta batalla ha ido más lejos para denunciar a todos los personajes del bajo mundo empresarial que hicieron de la corrupción el mejor de sus negocios.

Pero con este combate AMLO no sólo quiere castigar a los grandes saqueadores de nuestro patrimonio; tampoco es sólo el propósito de hacerles reparar los daños causados al pueblo mexicano; es más que todo esto, esencialmente nuestro presidente está enviando un mensaje transformador, que busca llamarnos la atención sobre la importancia de darle la debida importancia a dos valores fundamentales: a la honradez y a la honestidad, esenciales para que nuestro país tenga futuro y destino.

En estas posturas cotidianas del presidente López Obrador hay un mensaje que confía en que la gran transformación de nuestro país está en la educación, en un proceso de formación de largo alcance que debe culminar en una transformación cultural en el que no habrá lugar para la corrupción ni para los comportamientos deshonestos.

Con este ejemplo a la vista nos queda claro que la propuesta para mejorar las condiciones de seguridad no sólo pasa por una reforma del sistema judicial, por una mejor coordinación de los aparatos del Estado que atienden estos asuntos; esto es necesario pero insuficiente: en la 4T sabemos que para mejorar las condiciones de seguridad tenemos que ir al fondo, a la raíz de este problema, que no es otra que la sociedad injusta que casi medio siglo de abusos forjó en contra de millones de trabajadores mexicanos.

La buena noticia es que este proceso empezó desde diciembre de 2018 y ya tenemos sus primicias: hoy nadie duda que hay un gobierno que está empeñado en sacar de su postración a los millones de mexicanos olvidados, que no descansará hasta hacer de México una nación más justa e igualitaria; y tienen razón para creerlo, porque son múltiples los beneficios que el gobierno de la 4T está procurando para todos los grupos y comunidades vulnerables.

Pero hay más: Los críticos más feroces deben entender, de una vez por todas, que las mejores armas para procurar y garantizar la seguridad de los ciudadanos no están en los cuarteles, en las agencias de policía, sino en el mínimo nivel de bienestar que el Estado debe asegurar a todas y todos los mexicanos.

Estamos casi a medio camino, pero lo conseguiremos.