Todas las leyes, declaraciones, convenios y tratados internacionales establecen que la salud es un derecho fundamental. Uno de los mayores tesoros con los que contamos los seres humanos, por lo tanto, debe representar una prioridad para todas las instancias de gobierno tutelar este derecho como lo ordena nuestra carta magna.
Inmoral resulta el lucrar con la salud de los chihuahuenses, esconder los medicamentos, modificarlos, encarecerlos o simplemente no tenerlos para quien los necesita para aliviar o al menos controlar sus enfermedades y dolencias, que además es un acto de corrupción a su más alto grado ya que atenta contra los grupos más vulnerables de la población.
La denuncia del gobernador del estado, Javier Corral, relacionada con la aplicación de un falso medicamento, alterado o “pirata”, contra el cáncer sin duda desata un enojo ciudadano razonable sobre todo en quienes han sido afectados por la mala administración del Sector Salud, que ha descuidado hasta el surtir con medicamentos, material de curación y enseres a clínicas y hospitales.
Claro que merecen un castigo ejemplar quienes han lucrado en este tema sin importar su jerarquía económica política o social. No se vale jugar con la salud del pueblo y mucho menos ponerla en riesgo de forma tan deshonesta y cruel.
Y “administrar” el tema de la corrupción en el Sector Salud es también un acto de corrupción, sobre todo cuando se hace con fines políticos como se visualiza en este caso donde a estas alturas, a la mitad de la administración, no se ha hecho nada para combatir este grave problema. A dos años y medio de la administración corralista apenas sale a relucir el tema de los medicamentos alterados para combatir el cáncer, sin que haya habido sanciones ni persecución a quienes se han involucrado en acciones contra la salud de los chihuahuenses de la anterior ni de la actual administración a pesar de haber denuncias desde el inicio de la misma y la promesa incumplida de quien fuera el director de Salud, Ernesto Ávila.
Con la salud del pueblo no se juega, mucho menos debe ser factor de lucro político, no es posible esperar para ver si funciona el largo brazo de la ley que no se ha extendido lo suficiente para sancionar a los que participaron en los negocios del vulgar ladrón, sino en forma selectiva de acuerdo a las necesidades políticas de quienes ostentan los más altos cargos dentro de la administración pública de nuestro querido Chihuahua.
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