Por: Lilia Aguilar Gil
En México existen 6.1 millones de viviendas en estado de abandono. Chihuahua es el cuarto estado en el país con más casos de vivienda abandonada, que hasta mediados de 2021 era de 8 mil 280 casas y Ciudad Juárez es el municipio que más concentra esta condición. Los casos nos demuestran que no se abandonan las casas por gusto, esto es debido a la existencia, por décadas, de una política pública en materia de vivienda errónea que hoy, junto con el gobierno, tratamos de cambiarla y ahora sí garantizar una vivienda para las personas.
Esta semana aprobamos en la Comisión de Vivienda una iniciativa de su servidora que busca lograr que todo el proceso de recuperación de vivienda se lleve a cabo con el mayor respeto a la legalidad, con respeto irrestricto al derecho de las personas que, por razones ligadas a condición de pobreza, marginación o vulnerabilidad, se encuentren en cartera vencida.
Lo anterior quiere decir que en el proceso de recuperación de vivienda se les dará prioridad al adquirente primario, es decir, aquellos que tuvieron primero la vivienda y que por causas ajenas, como el haber perdido empleo, debieron abandonar su casa, pero que de haber la oportunidad, quisieran y tienen la intención de recuperarla. A eso se refiere la legalidad en el proceso.
Otra de las causas por las que se abandona la vivienda es la producción masiva de fraccionamientos en franjas periurbanas, con la única pretensión de satisfacer necesidades habitacionales, lo cual sólo ha dado como resultado una segregación urbana y la precarización en invasión de inmuebles, terminando como fraccionamientos fantasmas.
Esta propuesta, que pasará a la votación al pleno de la Cámara de Diputados, busca el aprovechamiento de viviendas en condición de abandono, cuyo incumplimiento en el pago de los créditos dé certeza para que el Estado pueda recuperarlas sin afectación constitucional y convencional a los anteriores poseedores, y que su reasignación ocurra con objetividad y transparencia.
Lograr avanzar en la reasignación de estas viviendas significa que muy probablemente disminuiríamos la necesidad de vivienda en México en un tercio, lo cual significa dotar de vivienda a quienes más lo necesitan a través de una oportunidad en la cual Estado y personas ganan.
A través de establecer esquemas y mecanismos institucionales para recuperación de vivienda, con criterios de habitabilidad, accesibilidad y ubicación, a la par de programas con los que cuenta por ejemplo el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), tales como: Regeneración comunitaria, Aliados por la vivienda, Renovación a tu medida y Programa de acompañamiento, se busca cerrar esa pinza que permita, con toda legalidad y transparencia, la reasignación de vivienda.
Avanzar en este punto permitirá y garantizará el acceso a más derechos para aquellos que logren rescatar su vivienda o bien hacerse de una, ya que, como lo he sostenido desde hace tiempo, la vivienda es una detonadora de otros derechos, tales como el acceso a la educación, la salud, el transporte, entre otros.
