Con la extinción de 109 fideicomisos, muchos de ellos en relación con la investigación científica y el anuncio del Conacyt a las universidades privada, que ya no cubrirá los estímulos académicos de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se incurre en un retroceso con consecuencias graves para la producción científica en México. Este anuncio del retiro del apoyo a las universidades privadas se dio el 17 de octubre por parte de la directora general del Conacyt, doctora María Elena Álvarez-Bullya.
Es importante decir que los recursos del Sistema Nacional de Investigadores no son recibidos ni administrados por las universidades, sean públicas o privadas. El SNI y su labor es un apoyo para los investigadores, no para las instituciones. Se debe aclarar también que los investigadores de las universidades que aspiran a ingresar o permanecer en el SIN son evaluados todos bajo los mismos criterios. Se mantienen las mismas exigencias para todos los aplicantes sin importar si son de la universidad pública o privada. Cuando se firma el convenio entre el Conacyt y las universidades privadas éstas se comprometen a garantizar una inversión en sus tareas de investigación de un monto equivalente a los que daba el Conacyt a los propios investigadores. Con este recorte del 5% del presupuesto global del Conacyt se daña a un universo de más de 1,636 investigadores de las universidades privadas que generan una significativa parte de la investigación científica. De 50 universidades privadas del país perderíamos una parte representativa de sus cuerpos consolidados que generan buena parte de la innovación y la investigación aplicada.
Históricamente las universidades privadas no habían sido incluidas en las políticas de estímulo a la investigación puestas en marcha desde la década de los años ochenta. Por la investigación y los aportes realizados en las universidades privadas fue en 2014 cuando se firmó un convenio con cuarenta de estas Instituciones de educación superior para incorporar el pago de estímulos salariales y no sólo el discriminatorio 30% que se daba desde el 2008 a los investigadores de la universidades privadas. Como declararon los investigadores del Tec de Monterrey el pasado 26 de octubre, esta decisión del Conacyt atenta directamente contra el desarrollo de la investigación en nuestro país y puede significar un importante retroceso en el ámbito de la educación, la tecnología y el bienestar social.
