Cuántos gobernantes, una vez agarrado el hilo de su función, no habrán tenido la tentación de modificar unas cuantas leyes para ampliar créditos que después se volvieron impagables; o como en el caso de Chihuahua en el presente quinquenio, haber cambiado las normas para ampliar la burocracia, aquí, allá y acullá, creando espacios para los amigos, para los incondicionales. O peor, cuántos gobernantes no habrán sucumbido a la tentación de modificar las reglas electorales para colocar candidatos a modo, no ya únicamente en el partido que los impulsó sino en todos los demás.
Me parece que la mayoría en posibilidad de hacerlo ha sufrido esas tentaciones del poder, pero estoy seguro de que no todos sucumbieron, habrá algunos que se resguardaron o que se les pasó el tiempo; otros que no supieron la manera de hacerlo adecuadamente; ¿y por qué no decirlo?, también habrá otros tantos que respetaron el límite de sus funciones, el confín de su ministerio, bajo el influjo de un verdadero espíritu democrático.
El gobernador, Javier Corral, no es el primero ni será el último que caiga ante el impulso de las bajas pasiones políticas, para tratar de controlar una elección, dejar sucesor, y de paso, pretender arruinar la selección de candidatos a los demás partidos. Por lo menos lo está intentando, años de experiencia en la política le han dicho cómo hacerlo, aunque la realidad se impone y no sabe si pueda lograrlo.
Durante toda su vida legislativa renegó, una y mil veces, por el descaro de sus antecesores que tuvieron la osadía de meter las manos en los procesos electorales, se desgarró un sinnúmero de guayaberas por la terrible intromisión de los exgobernadores en asuntos de los partidos, o en la irrupción de la autonomía de ciertas instituciones públicas.
Ahora, él no sólo intenta meter las manos en los procesos electorales, se quiere meter completo, institucionalizando aquello que intentaron los gobernadores anteriores que cayeron en la tentación del poder.
Pero no importa entrar en este momento en el detalle de la pretendida reforma electoral por varias razones: nuestro estado tiene el mayor índice de mortalidad en el país, a causa del Covid-19; existen más de 2 mil 300 personas contagiadas y la cifra de fallecidos ya ronda los 400. La inseguridad en el estado sigue más fuerte que nunca; la ola de asesinatos vuelve a colocar a nuestro estado como el más violento del país, y a Juárez como una de las cinco ciudades más inseguras del mundo.
No es el momento y eso lo sabe el gobernador a quien exhorto, y con derecho ciudadano le exijo, que se aboque a los temas de mayor urgencia para los chihuahuenses.
Reconozco a los consejeros de Morena, a los diputados locales de nuestro partido y a las otras expresiones políticas representadas en el Congreso local, que se han opuesto enérgicamente en contra de esta reforma, que no hace más que demostrar que los intereses del gobernador transitan por una vía muy distinta a la de los ciudadanos, y que su afán por querer meter las manos en el próximo proceso electoral y reformar las leyes para ello, lo convierten no en un gran reformador sino en un pillo, en otro Juan Vargas, sí, como aquél triste personaje de la “Ley de Herodes”.
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