Por: Jorge Puentes García
Con el Covid se modificaron las actividades que realizábamos cotidianamente, entre ellas la educación. Estudiantes y profesores dejaron de asistir a las aulas. Los acuerdos de la SEP de 2020 y sus modificaciones no ofrecieron alternativas para continuar con el proceso educativo, simplemente no habría clases.
Luego de cinco meses de suspensión fue cuando el gobierno anunció el inicio de las clases mediante canales de radio y televisión. Bastaron un par de semanas para darnos cuenta que la estrategia adoptada por el gobierno produjo un bajo aprovechamiento académico. La televisión y la radio fracasaron como educadores.
Profesores y padres de familia empezamos a usar dispositivos electrónicos y aplicaciones para suplir las deficiencias del modelo propuesto. Se reveló una realidad hasta entonces desconocida y desatendida por el sistema educativo y sus políticas públicas: la desigualdad tecnológica.
Para evaluar las repercusiones de la pandemia en la educación el Inegi realizó una encuesta para medir el impacto del Covid, la cual indica que 5.2 millones de personas no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, de los cuales el 21.9% fue por carecer de dispositivos electrónicos o conexión a internet. La encuesta dice que el 28.6% de las viviendas hizo un gasto adicional para comprar celulares y el 26.4% contrató un servicio de conexión a internet en su casa. Señala también que el dispositivo más utilizado para tomar las clases es el celular. El 74.6% de los alumnos de primaria comparten el dispositivo utilizado para tomar clases.
El artículo 3º Constitucional dice que la educación debe ser, entre otras características, inclusiva, cualidad que fue incorporada al texto constitucional pocos meses antes del inicio de la pandemia. La “Agenda Educativa Digital” del gobierno cita que la educación deberá ser “inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación”. El mismo artículo señala: “Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica”. La ley de Educación y la de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también establecen como fundamentales el derecho a la educación y el de acceso a las TIC. La Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contienen normas que reafirman esos derechos.
México tiene un andamiaje jurídico muy sólido en materia educativa y su relación con el derecho al acceso a las TIC, pero al compulsarlo con los datos de la encuesta del INEGI es fácil concluir que esas leyes son letra muerta. Otro ejemplo de que en nuestra legislación se copian normas de avanzada, cuyos principios y contenidos no estamos preparados para operarlos en la realidad.
Con el Covid entraron en colisión derechos humanos de los menores. Pero las autoridades no han realizado un ejercicio integral de ponderación y buscar armonizar los valores en juego beneficiando el interés superior del menor, pues éstos siguen sin ser beneficiarios de una estrategia de vacunación, sin recibir una educación de calidad y sin tener garantías para ejercer un derecho fundamental como el de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
Ómicron pone un reto a México: es necesario activar un plan que destine recursos públicos para dotar de herramientas tecnológicas y así eliminar las barreras que enfrentan nuestros menores en el proceso educativo. Esa es la vía para hacer efectivos los derechos a la educación inclusiva, acceso a las TIC, a la par de preservar la salud de los menores. Mientras esto no suceda, durante todo el tiempo que dure la pandemia, seguirá planteándose un modelo educativo desde la desigualdad, lo cual implica un atentado a la dignidad de los más vulnerables: niñas, niños y adolescentes.
