El Tratado Internacional de Aguas de 1944 fue suscrito por nuestro país y los EU para regular el uso y aprovechamiento de las aguas internacionales de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana. En él se definió que México se queda con 2/3 de la corriente principal del río Bravo y cede el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales. Por su parte, EU cede a México cada año 1,850 Mm3 del río Colorado, que se entregan en Baja California.
La mayor parte del agua para el pago de la deuda mexicana la aporta el estado de Chihuahua, con un promedio anual de 751 Mm3 de aguas superficiales; provenientes de la cuenca del río Conchos, esto por contar con un sistema de presas más grandes, pero que desafortunadamente tienen un alto grado de sedimentos que merman su capacidad, adicionalmente han disminuido las lluvias por el cambio climático y la deforestación en la Sierra Tarahumara, donde nacen el río Conchos y sus principales afluentes, pero sobre todo existe un crecimiento desmedido de la frontera agrícola y hay una falta de gobernanza en toda la cuenca ya citada. Todo ello ha provocado la disminución de la aportación de Chihuahua al tratado a sólo 459 Mm al año.
Hay la intención del Consejo de Cuenca de autorizar un Reglamento y un Modelo Matemático que pretende modificar el marco jurídico actual de la Ley de Aguas Nacionales para extraer las aguas concesionadas de las presas de Chihuahua. Debemos oponernos a ello.
Es por todo lo anterior que presenté la iniciativa para la creación de un Fondo Hídrico para el Desarrollo de Estados y Municipios aportantes a Tratados Internacionales.
Con ello, se lograría la justa optimización de los recursos hídricos, traducida en: reforestación urgente en la Sierra Tarahumara, y a lo largo de los márgenes de los cauces de los ríos, obras de conservación, de abastecimiento de agua potable y de saneamiento para la población; así como una mayor eficacia en su uso, y las obras tan necesarias como las presas Villalba y del Pegüis Chico.
Con esta iniciativa y la aplicación de la ley, en un esfuerzo conjunto de la Federación, por medio de Conagua, los gobiernos de los estados de Chihuahua y Coahuila y los usuarios de riego, permitirá recuperar la capacidad de aportación que tienen los 6 afluentes aforados en el tratado; para beneficiar a las 14 ciudades ribereñas, de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que usan el agua del Bravo para las asignaciones público urbano y sobre todo a los distritos de Riego de Tamaulipas que han sufrido la falta de agua al igual que los nuestros en Chihuahua.
Esta propuesta coadyuva a los esfuerzos de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quienes firmaron un acuerdo para solucionar estos problemas en conjunto.
Siempre será más fácil prevenir y atacar los problemas en su origen, cuando existen controversias entre nosotros, los mexicanos, que tratar de resolverlos con enfrentamientos. “Todo por la razón, nada por la fuerza”.
