El pasado jueves 10 de febrero, como parte de la agenda legislativa para el segundo periodo ordinario en la Cámara de Diputados, dentro del rubro de fortalecimiento democrático, presenté a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa de reforma a la Constitución federal para crear el Instituto de la Función Pública.
Pretendemos con esta iniciativa crear un organismo autónomo, especializado, imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de prevenir, vigilar e investigar todas las faltas administrativas y sancionar las graves y no graves cometidas por servidores públicos federales, además de las políticas de prevención en compras gubernamentales y obras públicas, coordinar los órganos internos de control (OIC) adscritos a las dependencias y entidades federales para prevenir y detectar posibles actos de corrupción en los términos que establezca la ley.
Hace 40 años se dieron los primeros esfuerzos para combatir y erradicar la corrupción, a través de reformas a la legislación y creación de instituciones, por lo que se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y en 2003 adoptó el nombre con el que hoy la conocemos Secretaría de la Función Pública (SFP).
Hoy las atribuciones de la Secretaría equivalen a un órgano anticorrupción, excepto porque carece de independencia política, es decir, es juez y parte en la administración pública federal, se encuentra en todo momento bajo un control político, al responder a la Administración Pública Federal.
En mayo de 2015, cuando se crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se propuso fortalecer esta Secretaría en materia preventiva, correctiva, de auditoría, investigación y sanción, en esta gran reforma se determinó que no sólo era oportuno, sino necesario dotar a la SFP con estas nuevas atribuciones, buscando lograr los objetivos del nuevo Sistema Anticorrupción y para el adecuado engranaje entre el ejercicio de la administración pública federal, la transparencia y rendición de cuentas.
En esta última reforma se determinó que el nombramiento de su titular es propuesto por Ejecutivo federal y ratificado por el Senado, pues tiene como objetivo: uno, evitar un posible conflicto de interés y, dos, revisar que la persona propuesta fuera idónea para el cargo, sin embargo, en este gobierno de Morena esto no se cumplió, por ello es importante fortalecer y crear un nuevo procedimiento para el nombramiento del titular, el cual establece la propia iniciativa.
Urge fortalecer el modelo de combate a la corrupción, desde los nombramientos de sus titulares, así como asegurarnos de que cuenten con plena autonomía.
