Haciendo un alto y reflexionado sobre la política pública para el desarrollo económico del gobierno federal, surgen más dudas que respuestas.
La llegada de AMLO a la Presidencia, como es bien sabido por todos, se da básicamente por el hartazgo del abuso de poder, la corrupción y la inseguridad. No podríamos estar más de acuerdo con AMLO en que la forma en que se han ejecutado históricamente los fondos públicos ha sido un desastre.
Aún y con esas fallas existían condiciones que permitían que la economía tuviera estabilidad y certidumbre. Esto permitió por largo plazo la atracción de inversión extranjera; el desarrollo de la industria automotriz y aeroespacial; el desarrollo de la industria del turismo; y la capacidad de ser refugio de capitales que buscaban retornos más agresivos en mercados emergentes. De igual manera, México estaba en el proceso de desarrollar una industria energética sustentable, aprovechando la gran cantidad de horas sol y los fuertes vientos con los que cuenta el país.
En términos generales, la promesa de AMLO fue de lograr un crecimiento del 4% anual, lo cual cada vez se ve más complicado que se logre. Para lograr esto, el crecimiento en sus seis años de gobierno deberá de ser de 26.53%. Ante el resultado de -0.1% de 2019, y del -12% que se espera para el 2020, el crecimiento para los 4 años subsecuentes deberá de ser de por lo menos 9.53% anual.
La política pública que se ha venido ejerciendo en estos dos primeros años de gobierno no advierten que este agresivo crecimiento sea posible.
En primera instancia la inversión en obra pública del gobierno federal ha disminuido considerablemente. Las obras de gran magnitud las ha estado llevando el Ejército, lo cual también ha afectado el desarrollo económico. En este sentido, el gobierno federal ha menospreciado los retornos vía impuestos que recupera el gobierno cuando las obras son ejercidas por particulares. Por otro lado, la distracción de recursos del Ejército que están destinados a otros propósitos seguramente tendrán impacto en la población, sobre todo en el tema de seguridad, lo cual merma el desarrollo económico.
La cancelación del aeropuerto, la publicación del acuerdo que nulifica el uso de energía solar, y el veto a la fábrica de cerveza en Mexicali, generan un ambiente de incertidumbre a inversionistas que no tiene precedente. ¿Quién en su sano juicio llevará a cabo una inversión importante que tendrá el riesgo de ser avasallada en una mañanera?
Otro aspecto que preocupa de sobremanera es la creación del pecado capital de tener. Las constantes críticas a empresarios o productores acaudalados genera un gran riesgo de fuga de capitales. Sin defender a aquellos empresarios que han sido cómplices del poder, el presidente ha atacado directamente a aquellos empresarios y productores que se oponen a él. Esto lo hemos visto ahora en el conflicto del agua de Chihuahua donde el contar con un buen vehículo y buena vestimenta producto del trabajo y el riesgo de las inversiones, es ahora un pecado capital. Todo porque han salido al frente a defender sus intereses. Inclusive se han expuesto sus rostros en organigramas, como si fueran parte de un cártel. Si no se defienden ellos, entonces ¿quién?
Adicionalmente a estos hechos, los apoyos al desarrollo se han nulificado. A manera de ejemplo la desaparición del Inadem, la reducción de apoyos de Conacyt y la cancelación de 17 apoyos al campo dan cuenta del rumbo de la política pública en el desarrollo económico.
Estamos inmersos en un presente y futuro incierto.
