Presenté ante la Fiscalía Anticorrupción denuncia por uso ilegal de atribuciones y peculado contra varios servidores públicos, al distraer y hacer uso de cuotas y aportaciones de seguridad social para fines distintos a los que se encuentran destinadas
Si una institución fue ejemplo por décadas en servicios de calidad y certeza para la burocracia, es Pensiones Civiles del Estado.
La emergencia sanitaria por el Covid-19 agravó la crisis financiera en Pensiones, lo que impactó en el abasto de medicinas y la calidad del servicio.
Hoy está en bancarrota, no por omisiones de su siempre comprometido y eficaz personal médico y administrativo, sino por la criminal opacidad y negligencia de los titulares de al menos 46 dependencias e instituciones afiliadas que le deben más de 3 mil 600 millones de pesos.
La cadena de opacidad y negligencia comienza desde el mismo gobernador Javier Corral, que no ha querido poner orden y rescatar de la debacle financiera a una gran institución como Pensiones Civiles del Estado.
Las aportaciones patronales y las retenciones a los trabajadores no llegan a Pensiones Civiles del Estado.
¿Dónde está y qué uso se le da al dinero que paga puntualmente la burocracia estatal para gozar de un servicio de calidad y prestaciones que hoy no tiene?
Hablamos de una cifra que ronda los 3 mil 600 millones de pesos, cuyo porcentaje más alto corresponde a la indolencia de una administración estatal que acaba en unos cuantos meses más y que dejará el problema a la siguiente.
Lo que ocurre en Pensiones Civiles del Estado es sólo la punta del iceberg. Las finanzas estatales, lo he dicho hasta el cansancio, están colapsadas producto de la incapacidad y negligencia de Javier Corral.
En poco más de cuatro años no hubo un proyecto de reingeniería financiera a gran escala para cubrir la deuda pública que siempre fue manejable.
Lo que se hizo, se hizo mal. La deuda mal manejada, créditos cortos para gastos de operación, se deben miles de millones de pesos a proveedores y el déficit presupuestal es consecuentemente alto año tras año.
Voltear la vista, el ser omiso, es igual de criminal.
Por eso presenté ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por la probable comisión de los delitos de uso ilegal de atribuciones y peculado contra el director de Pensiones Civiles del Estado y/o Instituciones afiliadas al mismo y/o servidores públicos de esa dependencia y de la administración pública estatal, al distraer y hacer uso de cuotas y aportaciones de seguridad social para fines distintos a los que se encuentran destinadas.
Como en otras denuncias contra actuales servidores públicos, espero una pronta y profesional indagatoria por parte de la Fiscalía Anticorrupción, porque hasta ahora, la de Javier Corral es una justicia selectiva.
*Diputado Omar Bazán Flores. Licenciado en Derecho, vicepresidente del Congreso del Estado.
Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI a partir de julio de 2017.
Empresario, dos veces diputado federal, dirigente juvenil, así como de la CNOP y fundación Colosio en el estado de Chihuahua.
