El impacto de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19 ha mostrado una cruda realidad, desde los primeros casos oficialmente reconocidos por el Gobierno Mexicano a la fecha, muestra que la economía ha expulsado poco más de un millón de mexicanos a la calle.
Se han hecho foros, mesas de trabajo, reuniones para ver cuáles son las mejores soluciones, las mejores opciones para que las personas puedan seguir trabajando.
Entre algunas propuestas hechas por expertos y académicos para ayudar a las personas desempleadas en la materia expusieron: Primer punto, hacer mayor gasto en salud de parte del gobierno; la segunda propuesta consiste en dar al sector informal el equivalente a un salario mínimo por tres meses; mientras que el tercer punto sugiere dar dos salarios mínimos por tres meses a personas que están registradas ante el IMSS, es decir al sector formal.
El cuarto punto sugiere hacer transferencias a las empresas para que puedan dar un salario mínimo por tres meses a cada trabajador, y la quinta propuesta es dar 10,000 pesos en una sola exhibición a personas que trabajan independiente a través de un reembolso extraordinario a través del SAT.
Han sido muchos comentarios, se han hecho muchas mesas de trabajo, investigaciones, sin embargo, vemos que hasta el día de hoy no vemos apoyo alguno como tampoco vemos interés ni voluntad de parte del gobierno federal para apoyar a las Pymes, ni al sector empresarial.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicó un análisis demoledor: que la crisis generada por la pandemia de coronavirus aumentará entre 6.1 y 10.7 millones las personas en condiciones de pobreza extrema en México durante 2020.
Al día de hoy llevamos más de un millón de personas desempleadas por la pandemia, ¿qué va a pasar con todas estas personas, de qué van a vivir, cómo van a vivir?
¿Cómo van a poder llevar el alimento a sus hogares si ya no cuentan con el recurso?, ¿cómo van a poder seguir aportando a sus hijos para que puedan seguir estudiando?, ¿cómo van a poder seguir pagando sus rentas, servicios, si no tienen con qué, si no tienen empleo?
¿Se pudo haber evitado este escenario? La respuesta es sí.
Si bien la caída de la economía nacional en 2020 era inevitable, derivada del cierre de las actividades productivas y sociales, una respuesta rápida habría ayudado a contener el cierre de empresas (el IMSS registró en abril la baja de 6 mil 689 patrones) y de plazas laborales con una política contracíclica que incluyera apoyos fiscales y financieros más agresivos.
Los microcréditos y los aumentos a los beneficiarios de programas sociales han sido insuficientes para enfrentar la crisis.
Le hizo falta sentido común al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para saber que la falta de estímulos económicos para las micro, pequeñas y medianas empresas del sector formal generarían un espiral negativo para la economía en su conjunto.
La intransigencia de dejar a su suerte a 4.5 millones de unidades económicas y a los 20 millones de trabajadores que están en la economía formal y pagan impuestos terminará ocasionándole un problema de ingresos al gobierno y eso, a su vez, repercutirá en los más pobres.
Cuando una economía se contrae, los que más sufren son los vulnerables.
Por si fuera poco, el documento del Coneval revela que de los 19 programas sociales de AMLO, sólo ocho son relevantes para atender la pobreza. El Coneval recomienda al gobierno complementar sus programas sociales con apoyos a las pequeñas y medianas empresas, a través de créditos para proteger el empleo y de subsidios al empleo parcial o total de las cuotas obrero-patronales que los empleadores deben asumir durante los meses de confinamiento.
Ante este panorama nada alentador, sólo queda tomar acciones rápidas y enérgicas por el bien de todos los mexicanos.
