“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. (Art. 22 de la DUDH)
Recapitulando el camino en la lucha que desde hace más de 10 años un grupo de personas hemos buscado en el tema de la justicia social para adultos mayores con una reforma a la ley del IMSS que elimine el “candado” que impide que quienes ya hayan alcanzado la edad para pensionarse y cuenten con las semanas cotizadas que establece la ley para alcanzar tal beneficio puedan apegarse a la ley de 1973 sin que sea necesario cotizar 26 o 52 semanas más por el hecho de contar con más de tres o seis años sin estar sujeto a relación laboral y tener suspendido ese derecho por no haber cotizado.
Este “candado” que violenta el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos impide que cientos de adultos mayores no puedan alcanzar una pensión, ya que permanece a pesar de los esfuerzos sociales y jurídicos realizados.
Desde fines del 2009, se inició la batalla en este tema, siempre contando en las reuniones con la presencia de adultos mayores que tienen esta problemática. Inclusive, a lo largo del tiempo, muchos de los iniciadores ya fallecieron.
En el año de 2012 por primera vez, nos reunimos con diputados federales por Chihuahua del PRI, posteriormente en enero 2013 se llevó a cabo la primera reunión formal con diputados federales de varios partidos en la sede de la CEDH, donde se llevó a cabo un levantamiento de firmas por parte los afectados.
En abril de 2013 se llevó a cabo una segunda reunión con diputados federales para posteriormente en agosto de 2013 convocar una tercera reunión, en el mes de octubre del 2013 por cuarta vez y en septiembre de 2014 una quinta reunión, en abril 2015 se llevó a cabo la sexta. En todas ellas hubo compromisos por parte de los diputados asistentes y se presentaron más de 6 iniciativas que aún se encuentran congeladas en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Ya en el mes de mayo de 2015 se llevó otra reunión con visitadores de la sexta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y posteriormente en abril de 2017 hubo una reunión con líderes sindicales, diputados y senadores en la Ciudad de México, así como integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara Federal, nos acompañó el presidente de la CEDH de Chihuahua. No hubo respuesta.
Por el lado jurídico, abogados comprometidos con la causa social radicaron juicios en primera y segunda instancia buscando el resquicio jurídico que nunca se obtuvo, el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de ahí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien el pasado 28 de octubre emitió un documento dentro del expediente P-1973-15 México, donde informa la recepción de la queja, así como que se ha fijado un plazo de tres meses al Gobierno de México para que presente sus observaciones.
También esperamos en fecha próxima poder plantearlo directamente al presidente López Obrador con la esperanza de que el impacto presupuestal de 130 mil millones de pesos que según el Círculo de Estudios del Senado significa, pueda sortearse ante la necesaria justicia social que representa el reconocer un derecho pleno que está violentando los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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