La violencia contra la mujer es la forma más extrema de discriminación. En 2012, casi la mitad de las mujeres víctimas de un homicidio intencional en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja o un familiar. Datos como estos han sido difundidos ampliamente, sin embargo, ¿realmente somos conscientes de lo que eso significa?
De acuerdo con el Estudio de la Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: Causas y Consecuencias, 2012-2013, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en esos dos años se asesinaron entre cinco y seis mujeres diariamente, es decir, ¡casi cada cuatro horas!
Este dato siempre me ha parecido impactante. Pensar que lo que representa un día de trabajo, una jornada laboral, dos clases de escuela, pensar que una mujer es asesinada sólo por la condición de serlo, debería ser suficiente para pensar por qué sucede, por qué los gobiernos no han hecho nada para cambiarlo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que este delito se caracteriza por los altos niveles de impunidad, y es que sólo el 15 por ciento se investiga como feminicidio porque se crearon tipos penales que dificultan su acreditación (esto a pesar de que se cuenta con protocolos, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia para investigarlo).
Para el caso de Chihuahua, diferentes organizaciones de la sociedad civil han señalado que tan sólo en los primeros cinco meses de 2017, se han cometido ¡70 feminicidios, 70 mujeres muertas, 70 familias que hoy sufren una pérdida, 70 casos no resueltos, 70 explicaciones con las cuales las autoridades pretender cerrar los casos!
Desde considerar el clima como un factor para que los índices de asesinatos contra mujeres suban (explicación que dio hace unos meses una funcionaria de la Fiscalía Especializada de la Mujer de Chihuahua), hasta una falta de capacitación en la investigación, hemos visto y escuchado. Las deficiencias son evidentes, menos para las autoridades, que son incapaces de realizar un ejercicio de empatía con las víctimas, a las que por si no fuera ya poco el dolor y frustración ante una pérdida, nos revictimizan. Y esto, no sólo lo sé, lo he sentido porque soy parte de esas 70 o más familias que perdieron a una mujer, mi madre, y que seguimos sin tener justicia.
Lo cierto es que hasta hoy, evidentemente no es prioridad para el Estado el acceso a la justicia de las mujeres asesinadas. A pesar de que se prometió que se haría (una raya más al tigre, pensarán desde el gobierno). Pero nosotros, los familiares, las víctimas de una justicia que no llega y no tiene ganas de llegar, las promesas nos quedan cortas desde hace mucho tiempo.
Y es que hoy, 2017, la familia de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en Ciudad Juárez hace 16 años, sigue pidiendo justicia. Gobiernos y partidos en el poder van y vienen, pero ninguno de ellos ha sido capaz de dar justicia, de terminar con la impunidad, que daña tanto o más que el mismo asesinato.
Los 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, deben poner el dedo en la llaga: los gobiernos no se están comprometiendo ni haciendo nada para resolver este fenómeno. Como ciudadanos, qué nos toca: sensibilizarnos, concientizarnos ante este tema y exigir a las autoridades la atención y trabajo necesario. Las promesas no sirven, nunca han servido, ni en boca de un gobierno de alternancia.
lilia.aguilargil.2015@gmail.com
