Por: Lilia Aguilar Gil
En Chihuahua el cuidado del medio ambiente es una actividad peligrosa. Somos uno de los estados donde se cometen más asesinatos en contra de activistas, tenemos 36 casos, 14 de los cuales han ocurrido en la comunidad de Coloradas de la Virgen. Y sigue sucediendo porque, aparentemente, los intereses de las madereras pesan más y porque la indiferencia de las autoridades es lo suficientemente conveniente. En la batalla por los recursos humanos, los defensores pelean solos.
La familia Baldenegro, oriunda de la comunidad Coloradas de la Virgen, tiene una historia de activismo en contra del aprovechamiento forestal ilegal que desde la década de los 70 ha traído como consecuencia el asesinato de Julio Baldenegro en 1986, de sus hijos Isidro en 2017 y José Trinidad hace menos de una semana. Todos ellos, asesinatos impunes hasta el día de hoy.
Las 49 mil 500 hectáreas que conforman Coloradas de la Virgen, ubicada al sur del estado y de la Sierra Tarahumara, ha dejado como lo señalé anteriormente, 14 asesinatos. A la familia Baldenegro se suman los de Julián Carrillo en 2018 (quien incluso estaba incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas), su hijo Víctor Carrillo fue asesinado; sus sobrinos Guadalupe Carrillo Polanco y Alberto Quiñones Carrillo y su yerno Francisco Chaparro Carrillo.
La comunidad Coloradas de la Virgen, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo (también asediada por el crimen organizado), está habitada por indígenas rarámuri y, en menor medida, los ódami, es uno de los municipios con más pérdida de árboles: de 2001 a 2017, por lo menos, 3 mil 14 hectáreas registraron esta situación, según datos de Global Forest Watch, los años más críticos fueron 2011, 2016 y 2017.
De estos datos poco se sabe y no se difunde con la importancia que amerita, pero este es el día a día de los habitantes de estas zonas. Por eso, no luchar en contra de quien está destruyendo su casa resulta imposible y más cuando es algo que se les inculca desde temprana edad. Hombres y mujeres tienen conciencia de lo que esto significa, de lo que les están quitando, y su lucha va desde la defensa y denuncia hasta la plantación para tratar de reponer todo lo que la tala ilegal se lleva.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en los últimos nueve años, de 2012 a 2020, se perpetraron 564 agresiones contra personas defensoras ambientales en México, en donde Oaxaca es la más afectada, seguida por Sonora, Estado de México, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Veracruz.
La organización Global Witness señala que, en el plano global, la explotación forestal fue el sector con la mayor cantidad de asesinatos (23 casos) y en donde México se dio un aumento en los asesinatos relacionados con la tala y deforestación, con un registro de nueve casos en 2020. En este contexto, en Chihuahua los ambientalistas indígenas están en un peligro latente: hostigamiento, desplazamiento y amenazas, hasta asesinato por defender su territorio y proteger el medio ambiente.
Como en muchos otros casos, la omisión de los gobiernos es quizá lo que más hace daño a la hora de defender y combatir a aquellas empresas madereras o grupos del crimen organizado. Es evidente que a pesar de las normas y tratados internacionales, la indiferencia de las autoridades municipales, estatales y federales están acabando con los bosques. En cuanto a los mecanismos de protección para los defensores de los derechos ambientales resultan limitados.
Es urgente hacer una revisión en la legislación que permita contar con mecanismos efectivos para la protección, así como un reconocimiento a las víctimas indirectas, de lo contrario más familias Baldenegro seguirán padeciendo en el silencio, tal como está sucediendo hoy.
