La renuncia inesperada del procurador Raúl Cervantes, que buscaba ser impuesto por el presidente Peña Nieto como fiscal por nueve años del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ha desatado una serie de repercusiones inesperadas en este proceso electoral que se desarrolla actualmente.
El proceso ha presentado una serie de inconsistencias, a tal grado, que han tenido que desmembrar las instituciones de justicia de la manera más grosera y burda imaginable; la salida del fiscal especial en Delitos Electorales Santiago Nieto, sin ninguna causa justificada real, alejada del contexto jurídico, sólo permite albergar justificadas dudas sobre el fondo del asunto.
El fiscal Santiago Nieto y la Fepade estaban muy cerca de desenmascarar la realidad en las elecciones del estado de Coahuila, donde se acredita con solvencia probada que hubo un exceso en el tope de gastos de campaña por el candidato del PRI-Verde-Panal por más del 5%, lo que según nuestra Ley Electoral es causa suficiente para anular el proceso electoral en cuestión.
Los escritos probatorios incluyen documentos, periciales y testimonios en contra de la coalición señalada en la candidatura de Miguel Ángel Riquelme a la gubernatura del estado, donde además de superar el tope de campaña estipulado, hubiera desviado recursos de la Presidencia Municipal de Torreón, del Organismo de Agua y de algunos otros organismos y dependencias estatales en apoyo a su candidatura.
Por otro lado, la investigación en contra de la empresa brasileña Odebrecht, donde se involucra al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin de haber recibido 10 millones de dólares a cambio de recibir favores económicos y contratos de la empresa nacional, estaba en una fase de investigación profunda, en cuanto a la forma de operación del soborno, así como el destino del dinero recaudado, riqueza que se presume fue direccionada toda o en parte, a la campaña del candidato Peña Nieto, cuando Lozoya era coordinador de Asuntos Internacionales del candidato priista, donde la Fepade había avanzado, logrando obtener testimonios jurados de parte de los funcionarios brasileños del modus operandi de la citada operación.
Este delito, de comprobarse, es una causa grave que podría repercutir en la pérdida del 50% de las prerrogativas como mínimo, pero que podría llegar a constituirse en causa justificada para que perdieran el registro como partido político, según la Ley General de Instituciones Electorales, además de lo contemplado en la Ley General de Partidos Políticos, donde expresamente tipifica y prohíbe tajantemente recibir dinero de personas físicas o morales extranjeras; en cualquiera de los dos casos, esto sería un severo revés, quizá mortal, para el PRI y el gobierno de Peña Nieto.
La Fiscalía Especializada Contra Delitos Electorales hace énfasis en la identificación y destino del dinero destinado a las campañas, con varios objetivos, pero principalmente, para prevenir la filtración tanto del crimen organizado como de los intereses económicos que pudieran comprometer al país, como es el caso.
De cara al nuevo Sistema de Justicia Penal, que tanto esfuerzo hemos hecho los mexicanos, a la fecha, hoy, no tenemos procurador, fiscal general, fiscal anticorrupción, fiscal electoral, y tenemos severas dudas tanto del nombramiento como del actuar del fiscal encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán.
Estamos seguros de que esta estafa será desenmascarada en el Senado; como dijo el ranchero: estábamos mejor… cuando estábamos peor.
