/ jueves 16 de enero de 2020

Del Seguro Popular al Insabi, ¿de Guatemala a Guatepeor?

El gobierno federal inició este año con la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para sustituir el anterior Seguro Popular instalado durante el sexenio de Vicente Fox.

Los reclamos de los derechohabientes del anterior Seguro Popular se han dado en distintas entidades del país, pues los servicios que antes eran gratis ahora se los cobran a través de “cuotas de recuperación”.

El problema más grave es para los pacientes de enfermedades graves que requieren la atención constante de servicios de salud de tercer nivel, como el tratamiento del cáncer.

Al parecer de poco o nada sirvió la propuesta pública de seis exsecretarios de salud federal para discutir la naturaleza del Insabi antes de la aprobación de los cambios jurídicos que dieron lugar a su creación.

La postura oficial hasta ahora sobre las quejas de los usuarios del ahora extinto Seguro Popular es que se harían los ajustes paulatinamente hasta poder brindar la atención gratuita en el tercer nivel de salud.

La política planteada por el nuevo instituto es la de atender a casi la mitad de la población que carece de servicios médicos de salud por no estar afiliados a un sistema público de salud de los tres niveles de Gobierno o al IMSS.

Este ambicioso propósito es posible en forma inmediata para López Obrador, pues declaró que existen los recursos necesarios para satisfacer la cobertura universal de todos los mexicanos.

La interrogante que surge es, si actualmente existe un pésimo servicio en los organismos públicos de salud debido a deficiencias estructurales, burocráticas, corruptelas y falta de presupuesto, ¿podrá de la noche a la mañana el actual gobierno federal superar estas carencias para extender los servicios médicos a otros 64 millones de mexicanos?

La realidad es distinta a la planteada por la 4T, empecinada en desaparecer anteriores programas que con todo y sus vicios funcionaban, como el Seguro Popular.

Las buenas intenciones no bastan, sino se cuenta con el suficiente capital humano y material, el cual es más que obvio no existe en el sector público de la salud. Menos será posible si se improvisa la implementación de este nuevo sistema sin el diagnóstico previo y la requerida planeación estratégica para poder llevarlo a cabo en forma exitosa.

El problema no es sólo que se trate de otra ocurrencia más de índole populista, pero de aplicación neoliberal, sino que con los recursos actuales es prácticamente imposible poder prestarles el servicio médico, incluidas las medicinas, a todos los mexicanos nada más por obra y gracia de una ley o un decreto presidencial.

Los problemas de la salud cada vez son mayores y crecientes en una población con pésimos hábitos de alimentación que por consiguiente cada vez está más enferma. Aunada a esta deplorable cultura de la obesidad está la carencia educativa y los bajos ingresos económicos de la mayoría de los mexicanos.

Más que cambios de nominación lo que se requiere es una visión seria e informada de cómo prevenir en el ramo de la salud en lugar de intentar demagógicamente cumplir promesas imposibles de campaña. Es hora de gobernar en forma racional y responsable, pues está en juego la vida de los pacientes, así como el futuro de la niñez.

El gobierno federal inició este año con la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para sustituir el anterior Seguro Popular instalado durante el sexenio de Vicente Fox.

Los reclamos de los derechohabientes del anterior Seguro Popular se han dado en distintas entidades del país, pues los servicios que antes eran gratis ahora se los cobran a través de “cuotas de recuperación”.

El problema más grave es para los pacientes de enfermedades graves que requieren la atención constante de servicios de salud de tercer nivel, como el tratamiento del cáncer.

Al parecer de poco o nada sirvió la propuesta pública de seis exsecretarios de salud federal para discutir la naturaleza del Insabi antes de la aprobación de los cambios jurídicos que dieron lugar a su creación.

La postura oficial hasta ahora sobre las quejas de los usuarios del ahora extinto Seguro Popular es que se harían los ajustes paulatinamente hasta poder brindar la atención gratuita en el tercer nivel de salud.

La política planteada por el nuevo instituto es la de atender a casi la mitad de la población que carece de servicios médicos de salud por no estar afiliados a un sistema público de salud de los tres niveles de Gobierno o al IMSS.

Este ambicioso propósito es posible en forma inmediata para López Obrador, pues declaró que existen los recursos necesarios para satisfacer la cobertura universal de todos los mexicanos.

La interrogante que surge es, si actualmente existe un pésimo servicio en los organismos públicos de salud debido a deficiencias estructurales, burocráticas, corruptelas y falta de presupuesto, ¿podrá de la noche a la mañana el actual gobierno federal superar estas carencias para extender los servicios médicos a otros 64 millones de mexicanos?

La realidad es distinta a la planteada por la 4T, empecinada en desaparecer anteriores programas que con todo y sus vicios funcionaban, como el Seguro Popular.

Las buenas intenciones no bastan, sino se cuenta con el suficiente capital humano y material, el cual es más que obvio no existe en el sector público de la salud. Menos será posible si se improvisa la implementación de este nuevo sistema sin el diagnóstico previo y la requerida planeación estratégica para poder llevarlo a cabo en forma exitosa.

El problema no es sólo que se trate de otra ocurrencia más de índole populista, pero de aplicación neoliberal, sino que con los recursos actuales es prácticamente imposible poder prestarles el servicio médico, incluidas las medicinas, a todos los mexicanos nada más por obra y gracia de una ley o un decreto presidencial.

Los problemas de la salud cada vez son mayores y crecientes en una población con pésimos hábitos de alimentación que por consiguiente cada vez está más enferma. Aunada a esta deplorable cultura de la obesidad está la carencia educativa y los bajos ingresos económicos de la mayoría de los mexicanos.

Más que cambios de nominación lo que se requiere es una visión seria e informada de cómo prevenir en el ramo de la salud en lugar de intentar demagógicamente cumplir promesas imposibles de campaña. Es hora de gobernar en forma racional y responsable, pues está en juego la vida de los pacientes, así como el futuro de la niñez.