Justo en mi entrega anterior compartía la reflexión respecto al ejercicio de revocación de mandato, donde expuse mi opinión de lo inútil que sería llevarla a cabo y del desperdicio de recursos que ello implicaría, cuando el país enfrenta muchas otras necesidades más apremiantes.
Mi intención no es poner en duda al instrumento, por el contrario, lo considero valioso para nuestra democracia. Lo cuestionable son los intereses político partidistas de quienes hoy lo promueven, desvirtuando por completo el propósito para el cual debe servir.
Pero más delicado aún es el hecho de que sea utilizado como estrategia del régimen para golpear y debilitar al árbitro electoral. Por un lado, promueve el ejercicio, y por otro no otorga los recursos necesarios para poder llevarlo a cabo, en una clara maniobra para arrinconar y poner en una encrucijada al INE.
Ante la material imposibilidad de llevar a cabo el ejercicio con los altos estándares de desempeño del INE, por mayoría de votos los consejeros de ese órgano decidieron posponer algunas de las actividades hasta resolver la controversia presupuestal, todo esto dentro de sus facultades y por las vías institucionales correspondientes.
La respuesta del régimen no se hizo esperar y a través del presidente de la Cámara de Diputados, quien junto a los fieles seguidores del presidente de México presentó una denuncia penal en contra de los consejeros que votaron a favor de esta resolución. Esta acción denotó su vocación autoritaria y la clara intención de limpiar del camino a todo aquel que, en su criterio, se interponga a sus intereses de preservar el poder.
Esta acción es un hecho inédito que no debe dejarse pasar… Nunca en la historia se había pretendido perseguir penalmente a los consejeros de la autoridad electoral autónoma por sus decisiones, a pesar de que desde su nacimiento muchas de ellas han incomodado a actores políticos en la plenitud del ejercicio del poder, ya sea del PRI o del PAN. Esto denota el talante autoritario del grupo en el poder y su intentona de descarrilar a una institución modelo a nivel internacional y que nos ha costado mucho a los mexicanos tenerla.
De resaltar también, es la reacción de los 11 consejeros del INE, que de manera unánime fijaron su postura ante esta denuncia y cerraron filas en rechazo a la persecución penal y política de cualquiera de ellos, esto por encima de sus propias diferencias de criterio sobre la materia en cuestión. Coincidieron en defender la autonomía de la institución con una contundente declaración: “En una democracia las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.
Por último y no menos importante, fue la sobresaliente reacción de la opinión pública frente a esta amenaza a la democracia. Académicos, periodistas, líderes de opinión, asociaciones civiles, partidos políticos, organizaciones empresariales y ciudadanos comunes se manifestaron en contra de las acciones de intimidación emprendidas contra el INE de manera tal que justo al escribir estas líneas se da a conocer el desistimiento del presidente de la Cámara de Diputados a la denuncia penal contra consejeros, seguramente instruido por el mismo López Obrador.
Dos lecciones aprendidas: 1) La democracia está en riesgo y habrá nuevos intentos por minarla. 2) los ciudadanos y la sociedad civil organizada tenemos peso y podemos y debemos defenderla.
