Por: María de los Angeles Gutiérrez
Imaginen estimados lectores que a partir de esta decisión presidencial con la etiqueta de interés público y seguridad nacional se declara sin cambios toda la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México, esto tiene varias implicaciones jurídicas: Para empezar bloquea la información a los ciudadanos, mantiene la más oscura opacidad del gasto del gobierno y por supuesto fomenta la corrupción.
De tal suerte que el escrutinio público ya no será posible, ¿se dan cuenta que esto es completamente inconstitucional? Están conscientes que esto evade normas diseñadas para proteger y velar: Derechos Humanos, Medio Ambiente, la libre concurrencia, las normas, procedimientos y licitaciones públicas, la división de poderes, insisto... la indispensable transparencia de los recursos públicos, esto sin duda sitúa al presidente por encima de la ley.
Por ello el INAI (Instituto Nacional de Transparencia) ya manifestó que impugnará y se presentará una controversia constitucional.
Las y los diputados de la coalición Va por México —integrada por el PAN, PRI y PRD— presentaremos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para impugnar la decisión de AMLO de declarar sus megaproyectos como "de interés público y seguridad nacional" ya que esto, es un atentado absoluto a los derechos humanos, acceso a la transparencia, el derecho a la información de interés público. Por eso estamos trabajando, evaluando y no nos limitamos sólo a denunciarlo mediáticamente, porque consideramos que es una invasión de esferas, y debemos disponer del poder jurídico en bien de los ciudadanos.
Amigos este “decretazo” es una evidente violación del artículo 6 de la Constitución Política de México; demuestra cada vez más el “talante autoritario” de López Obrador.
Nos preocupa la constitucionalidad de ese decreto. Creemos que al presidente no se le informó el alcance del mismo ni cómo está soportado. No vemos que haya una necesidad manifiesta de hacer ese tipo de acciones, no vemos que haya nada por que se tenga que tomar estas decisiones arbitrarias, no hay un clima que amerite la "designación”.
Vamos por la impugnación. Vamos por la transparencia y el acceso a la información.
Vamos en contra de la opacidad.
Vamos una vez más por México.