La iniciativa de Reforma Electoral , que esta semana presentó el Presidente ante la Cámara de los diputados, responde a una demanda ampliamente aceptada por una gran parte del electorado.
El INE de ahora y el IFE de antes nunca fueron los órganos autónomos que tanto han celebrado los expertos en la llamada democracia mexicana; por el contrario, tanto este órgano como sus réplicas, reguladores de los procesos locales, siempre mantuvieron una enorme dependencia de los poderes establecidos.
El fraude de 2006 fue la mejor muestra de que la independencia de los consejeros que validaron la manipulación del voto ciudadano solo era cierta en el discurso. El IFE de entonces solo escuchó la voz de los poderosos y se negó al recuento que exigía un resultado tan reñido como el que al final validaron, sin considerar las justas demandas de revisión y el universo de impugnaciones que revelaban las huellas de un fraude sistemático para desvirtuar el resultado a favor de AMLO.
Pero la historia de los órganos locales es igual de triste. En estos casos, como en Chihuahua, en las elecciones de 2001 para elegir alcaldes, la confabulación entre los consejeros electorales, la estructura permanente y los tribunales electorales fue vergonzosa: sin razón alguna acataron las órdenes del Gobernador para anular las elecciones en el municipio de Juarez.
En la elección constitucional de julio de 2001, la entonces Asamblea General de Instituto Estatal Electoral preparó el expediente para que el Tribunal anulará el proceso para elegir alcalde, sin tocar la elección de los diputados locales.
Por su lado, el tribunal estatal (TEE) sin mayor trámite confirmó la anulación, sin que la dirigencia nacional del PAN, a pesar de tener innumerables pruebas de la legitimidad de esa eleccion, defendiera a su candidato.
Eran los tiempos que las ardillas, que negociaban en "Los Pinos" y que, después del vuelco electoral del 2000, pasaron portar los colores del PRI, reclamando la aplicación del principio de compensación, recibían en Chihuahua del árbitro electoral, lo que les habían arrebatado en las elecciones de Tabasco.
Pero la desidia del PAN se mantuvo y en la elección extraordinaria del mismo municipio, de mayo de 2002, en la que también ganó su candidato, la historia se repitió y de nuevo los consejeros de la Asamblea General del IEE documentaron lo necesario para que el TEE, anulará por segunda vez la elección.
Este hubiera sido el final de esta experiencia, en la que se evidenciaba que los arreglos palaciegos contaban más que el voto de los ciudadanos; pero un cambio de humor, de última hora, de la dirigencia panista determinó que, tras un año de litigio, se reconociera el valor del voto, aceptando el triunfo del candidato panista.
En verdad, en muchos procesos los sufragios se contaban mal y sólo contaban cuando las oligarquías regionales se sentían cómodas con los resultados, mientras que el INE, siempre de la mano con los caciques, nada hacía para honrar su obligación de garantizar elecciones pulcras, transparentes e imparciales.
No hay duda, el INE, sus ŕeplicas locales y los tribunales electorales hicieron mal su trabajo. Hay cientos de historias como la que aquí he relatado. Nunca fueron entidades autónomas ni independientes, tampoco imparciales y mucho hicieron para deshonrar los más altos valores de la democracia mexicana.
La función terminó, es hora de despedirlos con más pena que gloria.
