Por: Lilia Aguilar Gil
Los hechos ocurridos la semana pasada en nuestro estado nos puso nuevamente en la mira nacional e internacional. El aumento de la violencia desde la administración corralista, su falta de pericia y atención hoy continúan viéndose reflejadas. El crimen organizado opera con total impunidad, se habla de ajustes de cuentas, sin embargo, en el fondo también se hace evidente que no hay plan, no hay idea y mucho menos estrategia y las consecuencias no están siendo atendidas por las autoridades y el búmeran impacta en la sociedad civil.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, tan sólo en junio se han registrado 139 homicidios en el estado, y de ese total, 113 fueron cometidos por organizaciones delictivas, siendo el municipio de Juárez el que tiene mayor número con 54, Chihuahua, con 29 y Cuauhtémoc con 17, municipios en donde coincidentemente cuentan con operativos especiales de seguridad en colaboración con los tres niveles de gobierno.
Pero no sólo se trata de los tres principales municipios, en la región sur del estado, comprendida por Guadalupe y Calvo, Guachochi, Parral, Balleza, Batopilas, Santa Bárbara, Valle de Zaragoza, Morelos, López y Matamoros, se han registrado un total de 87 delitos de acto impacto u homicidios dolosos, de enero a junio de este año.
En el estado se está viviendo una violencia como aquella de los años 90, el gobierno de Javier Corral la dejó volver y enquistarse nuevamente en la vida de los chihuahuenses y hoy persiste. El quinquenio que desatendió el bienestar de las familias por atender sus propios intereses, filias y fobias dejó una mala herencia que hoy está costando volver a desterrar.
Los esfuerzos de la Federación tienen la mejor intención, pero no el alcance suficiente para detener esta espiral de violencia. Se requiere del trabajo, colaboración y cooperación del Estado y el Municipio. Las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, acerca de que entre el 85 y el 90% de las víctimas de homicidio doloso en Ciudad Juárez estaban involucradas en actividades relacionadas con el crimen organizado, no exime de ninguna forma el trabajo que se está dejando de hacer.
Si la idea de las autoridades estatales se cierne a las declaraciones del secretario, entonces quiere decir que no se está viendo el problema en toda su magnitud. No se trata sólo de obviar o justificar el origen del problema de violencia que persiste en el estado, sino de las consecuencias que éste tiene, y hablamos de la percepción de inseguridad de las personas, de los desplazados internos que estos conflictos entre el crimen organizado dejan, de la impunidad, de la falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades, entre algunos otros, y ninguno de ellos es problema menor.
El Plan de Paz y Seguridad replantea la construcción de la paz a través de varios componentes que requieren de la coordinación y apoyo entre los tres niveles de gobierno, sin embargo, también es importante las acciones que los estados emprendan para combatir, en este caso al crimen organizado. Y en Chihuahua no es ningún secreto que gran parte de la Sierra Tarahumara fue, es y ha sido un territorio sin ley que genera inseguridad y desplazados.
Es urgente repensar lo que se tiene que hacer y cómo debe proceder una estrategia que logre eliminar todas las consecuencias que traen los “ajustes de cuentas” entre el crimen organizado, y eso pasa por enfrentar directa y frontalmente esta situación. Esa es la forma de llegar hasta las últimas consecuencias de los hechos violentos en Cerocahui.
