/ miércoles 7 de octubre de 2020

Deuda pública: Panacea primero, penuria posterior

En el 2021, la mitad de las gubernaturas, quince de ellas, de un total de 32, renuevan a sus titulares y el problema más serio, financieramente hablando, es la deuda de corto plazo, en números redondos, dejarán deuda por 29 mil millones de pesos, misma que deben pagar antes de que termine su periodo constitucional. Es el tema más delicado y de mayor reto que enfrentan dichas entidades federativas.

De esa manera lo expresó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez, del gobierno federal, en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, en días anteriores.

Conforme a la Ley de Disciplina Financiera, los gobiernos estatales deben cubrir sus deudas de corto plazo, tres meses antes de terminar su gestión administrativa; en su artículo 30 fracción II, dice lo siguiente “Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses” Es importante señalar que estas disposiciones acotan la discrecionalidad de endeudamiento durante y al final de una gestión de los gobiernos estatales y municipales, con el propósito de evitar que realicen operaciones que comprometan la continuidad de programas o el equilibrio de las finanzas públicas.

Conforme a información de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua la deuda a corto plazo del estado, al 31 de diciembre de 2019 ascendía a $3,648,000,001, la deuda contingente a esa misma fecha era por $381,458,000 y la deuda directa alcanzó a esa fecha un monto de $31,296,363,766.

En el caso del indicador de deuda pública como porcentaje del PIB (México evalúa), para el estado de Chihuahua, en 2011 fue del 4.6%, en 2013 alcanzó un 9.5%, en 2014 fue de 9.2%, en 2016 ascendió a 9.7% y en 2019 a un 7%, situación que lo ubica por arriba de la media nacional de las entidades federativas, que es de 2.9 por ciento.

Para darnos una idea de la magnitud de la deuda pública, el gasto presupuestal para cubrir las obligaciones financieras, el servicio de la deuda, en el ámbito federal, en el presupuesto de egresos de la federación PEF 2018, último del presidente Peña Nieto, se presupuestó un monto de deuda pública por un monto de $473,126,225,003, cifra que duplica el gasto de educación en todo el país $280,969,302,366 y casi cuadriplica el de salud $122,557,337,320. Para el año de 2019, primero de AMLO, el monto presupuestado para deuda pública ascendió a $542,962,336,884.

En el presupuesto de egresos del estado de Chihuahua, para el ejercicio 2020, el monto dedicado a deuda pública es de $5,915,349,853 de un presupuesto total de 78 mil 376 millones.

En nuestra opinión, pareciera ser que ha habido en los distintos niveles de gobierno un uso como fuente de financiamiento gubernamental de la deuda pública, con un manejo quizá no muy apropiado en su contratación, con condiciones crediticias no tan favorables, se han comprometido obligaciones financieras para las próximas administraciones, muestras de impericia en su reestructuras y crecimiento de las obligaciones financieras que dislocan las finanzas sanas.

Por otra parte, los recursos obtenidos por la deuda pública no han tenido una repercusión directa y contundente en el crecimiento y el desarrollo económico, en una mejor oferta en programas de educación y en salud, en una mayor disponibilidad de agua potable, en optimizar los servicios públicos y en el abatimiento de los niveles de pobreza.

pravilacota11@gmail.com,

@PR_Avila


Economista (UNISON), Maestría en Administración Pública (UACh) y profesor de Asignaturas en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua



En el 2021, la mitad de las gubernaturas, quince de ellas, de un total de 32, renuevan a sus titulares y el problema más serio, financieramente hablando, es la deuda de corto plazo, en números redondos, dejarán deuda por 29 mil millones de pesos, misma que deben pagar antes de que termine su periodo constitucional. Es el tema más delicado y de mayor reto que enfrentan dichas entidades federativas.

De esa manera lo expresó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez, del gobierno federal, en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, en días anteriores.

Conforme a la Ley de Disciplina Financiera, los gobiernos estatales deben cubrir sus deudas de corto plazo, tres meses antes de terminar su gestión administrativa; en su artículo 30 fracción II, dice lo siguiente “Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses” Es importante señalar que estas disposiciones acotan la discrecionalidad de endeudamiento durante y al final de una gestión de los gobiernos estatales y municipales, con el propósito de evitar que realicen operaciones que comprometan la continuidad de programas o el equilibrio de las finanzas públicas.

Conforme a información de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua la deuda a corto plazo del estado, al 31 de diciembre de 2019 ascendía a $3,648,000,001, la deuda contingente a esa misma fecha era por $381,458,000 y la deuda directa alcanzó a esa fecha un monto de $31,296,363,766.

En el caso del indicador de deuda pública como porcentaje del PIB (México evalúa), para el estado de Chihuahua, en 2011 fue del 4.6%, en 2013 alcanzó un 9.5%, en 2014 fue de 9.2%, en 2016 ascendió a 9.7% y en 2019 a un 7%, situación que lo ubica por arriba de la media nacional de las entidades federativas, que es de 2.9 por ciento.

Para darnos una idea de la magnitud de la deuda pública, el gasto presupuestal para cubrir las obligaciones financieras, el servicio de la deuda, en el ámbito federal, en el presupuesto de egresos de la federación PEF 2018, último del presidente Peña Nieto, se presupuestó un monto de deuda pública por un monto de $473,126,225,003, cifra que duplica el gasto de educación en todo el país $280,969,302,366 y casi cuadriplica el de salud $122,557,337,320. Para el año de 2019, primero de AMLO, el monto presupuestado para deuda pública ascendió a $542,962,336,884.

En el presupuesto de egresos del estado de Chihuahua, para el ejercicio 2020, el monto dedicado a deuda pública es de $5,915,349,853 de un presupuesto total de 78 mil 376 millones.

En nuestra opinión, pareciera ser que ha habido en los distintos niveles de gobierno un uso como fuente de financiamiento gubernamental de la deuda pública, con un manejo quizá no muy apropiado en su contratación, con condiciones crediticias no tan favorables, se han comprometido obligaciones financieras para las próximas administraciones, muestras de impericia en su reestructuras y crecimiento de las obligaciones financieras que dislocan las finanzas sanas.

Por otra parte, los recursos obtenidos por la deuda pública no han tenido una repercusión directa y contundente en el crecimiento y el desarrollo económico, en una mejor oferta en programas de educación y en salud, en una mayor disponibilidad de agua potable, en optimizar los servicios públicos y en el abatimiento de los niveles de pobreza.

pravilacota11@gmail.com,

@PR_Avila


Economista (UNISON), Maestría en Administración Pública (UACh) y profesor de Asignaturas en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua