Víctor Manuel Medina Calderón
La población en nuestro país llega a los 125 millones de habitantes, de los cuales sólo 54 millones de personas, menos de la mitad, se encuentran empleados formalmente en algún sector laboral, el 42 por ciento tiene un ingreso de un salario mínimo y sólo el 4.5 por ciento tienen ingresos superiores al equivalente a cinco salarios mínimos.
Los recientes datos proporcionados por el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC) y el Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi) son indicadores de las grandes diferencias que existen entre la clase trabajadora y la clase privilegiada, ya que un poco más de 35 mil funcionarios públicos ganan arriba de los 100 mil pesos mensuales, que puede llevar hasta cifras cercanas al medio millón de pesos al mes, lo que representa que sólo el .028%, concentran la riqueza salarial, evidenciando un gran abismo entre los que menos ganan y los que más percepciones tienen.
Por ello, la propuesta del presidente Obrador de regular las percepciones del sector privilegiado tiene mucho fundamento. Es un insulto que un trabajador con un empleo común y corriente, que se soba el lomo ocho horas al día, reciba 88 pesos diarios por su trabajo, que no le alcanzan ni para mal comer, mientras un funcionario público puede llegar a percibir hasta 16 mil pesos diarios ostentando derroches y riqueza que provienen de los recursos públicos.
El más claro ejemplo lo tenemos con los funcionarios y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hoy están empeñados en hacer valer la “soberanía” del Poder Judicial, cuando en otros tiempos han estados sometidos al Ejecutivo, y con esta bandera, ahora protestan el que se pretenda bajar sus altos sueldos argumentando la controversia constitucional de nuestra carta magna donde el artículo 94 dice textualmente; “La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”, mientras el artículo 127 establece en su párrafo segundo: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la república en el presupuesto correspondiente”.
Vaya controversia, y los señores ministros de la Corte por primera vez en su historia salieron a protestar ante la grave intromisión del Poder Ejecutivo en actos que sólo competen al Poder Judicial… y miles de funcionarios en todo el país buscaron el amparo, por eso, Obrador declara que es competencia del Legislativo resolver tal controversia; ¿modificarán nuestra carta magna?... ¡Al tiempo!..
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