Mucho se ha dicho y señalado por medios de comunicación, legisladores, en los que sin duda me incluyo, respecto a la práctica poco transparente y muy conveniente del gobierno federal respecto a las adjudicaciones directas. Empero señalarlo no les ha causado a los servidores públicos federales ninguna preocupación, mucho menos han dejado de recurrir a esa práctica.
La adjudicación directa por sí misma no es mala, el problema es el abuso de esta excepción a la regla, que es la licitación pública, tampoco significa que no se incurra en algún posible acto de corrupción en este proceso de contratación o de compra, es por hoy el más blindado, para impedir se cometan actos ilícitos en su práctica.
Hace unas semanas el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó en la Cámara de Diputados una reforma a las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, a efecto de limitar el otorgamiento de contratos públicos en los procedimientos de adjudicación directa; sabemos que la vigilancia institucional en el ejercicio de los recursos públicos del Estado es una tarea primordial en cualquier democracia y fundamental en estos tiempos en que han aumentado las contrataciones públicas realizadas sin aplicar el procedimiento de licitación pública, pues el gobierno federal ha decidido no darle la atención bajo el argumento de “no ser corruptos”.
De acuerdo a un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, de todos los contratos en los primeros nueve meses de 2021, disponibles en la plataforma de Compranet, las adjudicaciones directas son el mecanismo favorito de asignación, ya que hasta octubre del 2021, el 80.4% del total de contrataciones han sido asignadas directamente. La Secretaría de la Función Pública ha justificado el otorgamiento con base en el monto adjudicado, y señaló, que éste es menor al que se ha adjudicado por licitación pública. Es un asunto de primera importancia evitar la discrecionalidad en la adjudicación de los contratos públicos, cualquiera que sea el monto de los mismos.
Es necesario evitar la valoración subjetiva de la autoridad responsable, no podemos ser ingenuos, si bien es cierto, los montos en adjudicaciones directas son menores a los montos adjudicados mediante licitaciones públicas, éstos representan un monto considerable que en el mejor de los casos se están entregando a amigos, familiares y cercanos de Morena y el presidente.
Los procedimientos de contratación deben ser revisados a la luz del artículo 134 constitucional, mismos que deben asegurar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
Es ampliamente reconocido que las adjudicaciones directas constituyen una de las prácticas que más se prestan a la corrupción. Esta administración ha abusado de ellas a pesar de su promesa de combatir esta excepción. Por ello, los diputados del PAN, presentamos esta iniciativa, que establece límites en la contratación mediante el procedimiento de adjudicaciones directas.
La buena noticia es que en Chihuahua, en su legislación local en estas materias, ya establece dichos límites para las adjudicaciones directas, en Chihuahua somos referente, vamos en avanzada; sin duda la Federación no debe quedarse atrás.
