El próximo mes de octubre dará inicio el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Chihuahua, el cual es considerado como el más grande, hasta ahora, en la historia de nuestra entidad.
Alrededor de 2’700,000 chihuahuenses podrán ejercer su voto para la renovación de casi 900 cargos públicos de carácter estatal y municipal, incluyendo la gubernatura, el Congreso del estado y la totalidad de nuestras alcaldías.
Este tipo de ejercicios, que en numerosas ocasiones no se valoran en la medida adecuada, constituyen nada menos que el pilar del sostenimiento de nuestro régimen de derechos y libertades, pues conllevan la manifestación tangible del poder de la ciudadanía, la cual decide depositar ese poder en las y los funcionarios electos el día de la jornada.
Así, en los próximos meses habremos de ser parte de la dinámica político-electoral del estado, en la que un importante cúmulo de candidatas y candidatos desplegarán sus propuestas y exhibirán sus proyectos de trabajo para que sean las ciudadanas y los ciudadanos quienes tomen la decisión final.
Ésta es, sin lugar a duda, una oportunidad enorme para el pueblo de Chihuahua, pues tendrá la posibilidad de emplear al voto como una herramienta real de poder, a través de la cual podrá castigar o recompensar a las y los actores políticos de la entidad, conforme a la valoración que se realice respecto al trabajo que han ejecutado.
Para este fin, en el Tribunal Estatal Electoral habremos de fungir como verdaderos árbitros en la contienda, con el objetivo de que ésta transcurra en un escenario de equidad y tranquilidad, en el que ningún participante lleve a cabo actividades al margen de la ley para generar afectaciones indebidas en la percepción ciudadana.
De este modo, se garantiza que los mensajes y las actividades relacionadas con el proceso electoral se apeguen de manera ineludible a nuestro marco jurídico, lo que implica que el voto de la ciudadanía se emita en absoluta libertad y que, en consecuencia, refleje de manera cierta la voluntad colectiva.
Por este motivo, desde ahora los chihuahuenses pueden contar con la certeza de que quienes integramos el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral, nos encontramos listas y listos para salvaguardar la celebración de elecciones libres y auténticas a través de la protección de sus derechos político-electorales.
Recordemos que la trascendencia del tema es monumental, pues las decisiones que tomaremos el próximo 6 de junio definirán el tipo de políticas públicas y decisiones gubernamentales que marcarán el rumbo de nuestro estado durante los próximos 6 años.
