De acuerdo al Índice de Estado de Derecho en México presentado por el World Justice Project (WJP) en este año todos los estados de la República Mexicana resultaron reprobados ya que no garantizan un estado óptimo de derecho.
El estudio del WPJ expone que las 32 entidades federativas no lograron cubrir ni la mitad de calificación en ocho rubros que fueron evaluados. En la calificación del 0 al 1 ninguna de ellas logró superar el 0.5 en promedio siendo Yucatán el estado con el más alto porcentaje general con un 0.45 y el peor Guerrero con el 0.29.
Chihuahua se situó en un lugar intermedio con un promedio de 0.39, aunque quedó en el sexto lugar entre los estados más inseguros al sólo lograr 0.27 puntos.
El menos inseguro fue Yucatán, con un 0.77, mientras el más inseguro fue Guerrero con un 0.19. Este último estado es el peor calificado en promedio y la ausencia de un Estado de derecho es evidente, sobre todo en Acapulco.
En el otrora centro turístico más atractivo del país fue necesaria la intervención reciente del Ejército y de la Marina para reinstaurar el orden y la seguridad. Los policías municipales fueron relevados y sometidos a investigación, procesando a dos de sus altos mandos debido a que estaban coludidos con el crimen organizado.
Guerrero tradicionalmente ha sido un estado violento, pero en esta década dejó atrás en inseguridad a los estados fronterizos para convertirse en los últimos años en el de mayor inseguridad del país.
El caso de los estudiantes normalistas desaparecidos es emblemático del grado de corrupción e impunidad que prevalece en esta entidad, el cual no ha variado aunque se haya cambiado de partido en la gubernatura y las alcaldías.
En corrupción también encabeza la lista Guerrero con un 0.28 mientras el de mayor ausencia de corrupción es Nuevo León con un 0.48. Chihuahua sale más o menos librado con un 0.41, aunque es superado por otros estados como Campeche, Aguascalientes, Baja California e Hidalgo.
México ocupó el lugar 92 de 113 países en el índice de Estado de derecho realizado por el WIP, obteniendo cuatro puntos menos respecto a una medición anterior.
La ausencia de un auténtico Estado de derecho es el principal problema al que se enfrenta el próximo gobierno. Lograr que se aplique la ley en todo el territorio nacional debe ser la tarea prioritaria de López Obrador pues sin Estado de derecho no se podrán erradicar la corrupción y la impunidad del país.
