La detención y extradición del exgobernador César Duarte se ha convertido en un caso de enfrentamiento entre el Gobierno estatal y el federal debido a las implicaciones no sólo en el ámbito de la corrupción sino también en las malversaciones electorales.
La detención del ex secretario general adjunto del PRI se ha convertido en una disputa legal entre la PGR y la Fiscalía Estatal para procesarlo, aunque la Fepade afirmó que sólo atraería lo concerniente al desvío de recursos para las campañas priistas.
Alejandro Gutiérrez es la presa que se disputan las procuradurías, pues sus declaraciones podrían comprometer tanto al ex dirigente nacional priista así como al ex secretario de Hacienda, hoy secretario de Relaciones Exteriores.
La reacción del gobernador Corral ha sido organizar una marcha hacia la capital mexicana en protesta por la lentitud para extraditar a Duarte y en protesta por la cancelación del pago de 900 millones para el estado según lo convenido en el Ramo 23.
La llamada Caravana por la Dignidad ha atraído la atención mediática nacional y por ende mundial ya que no es usual que un gobernador en funciones encabece este tipo de manifestaciones y menos que realice denuncias en una serie de mítines en diversas poblaciones del país.
El mayor costo político de esta pelea entre la Federación y el estado lo tendrán el presidente Peña Nieto y su partido, pues a través de los medios y las redes sociales el caso ahora es motivo de controversia pública en plenas campañas preelectorales.
La arenga de Corral no ha causado mella hasta ahora en sus homólogos, pues la Conago ha hecho mutis del asunto y menos ha externado su apoyo. Ello no exime a los otros gobernadores de asumir su posición al respecto, sobre todo los emanados de partidos de oposición.
La caravana avanza mientras tanto a la Ciudad de México, destino final de la protesta, con sus avatares, como el intento de represión en Gómez Palacio. Mientras tanto Duarte continúa en libertad a pesar de las 11 denuncias penales en su contra, por lo que el caso al parecer continuará congelado por el Gobierno federal hasta las elecciones de julio.
