Por: Rafael Espino
El pasado 6 de abril fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados, por el titular del Ejecutivo federal, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se turnó posteriormente al Senado de la República, que la aprobó el 27 de abril para el beneficio de toda la nación.
Esta iniciativa, apoyada decididamente por el presidente de la República, versa sobre el derecho de toda persona a ser buscada y conocer la verdad como una medida de reparación a los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.
El derecho humano se encuentra plenamente reconocido por el derecho mexicano, tal como se establece en el Protocolo Homologado de Búsqueda.
La desaparición forzada constituye una violación a derechos humanos de carácter múltiple que transgrede diversos derechos de manera continua o permanente, violentando tanto a la persona desaparecida como a sus familiares, su comunidad y la sociedad en conjunto.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) de la Secretaría de Gobernación, de 1964 a 2022 hay un registro total oficial de 243 mil 240 personas desaparecidas, de las cuales hasta el día de hoy aún permanecen desaparecidas y no localizadas 99 mil 080 personas. De las 144 mil personas ubicadas, 9 mil 827 han sido localizadas sin vida.
En cuanto a la crisis forense, conforme a los datos de la Fiscalía General de la República, en las 32 entidades federativas de nuestro país hay más de 52 mil cuerpos sin identificar.
Las entidades federativas de Baja California, la Ciudad de México, Edomex, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León son las que concentran el 71% del total de cuerpos sin identificar. La mayoría de las entidades federativas cuenta apenas con el 20% de la capacidad necesaria para identificar los cuerpos que reciben, a la par de que persiste una sobreocupación del 40% en las instalaciones.
Nuestro país ha formado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas desde 2010; sin embargo, no fue sino hasta el 2020 que el Estado Mexicano reconoció la competencia del Comité Internacional contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones individuales; tal reconocimiento permite que familiares de personas víctimas de desaparición forzada puedan acceder a vías adicionales de justicia internacional, para que sus casos puedan ser analizados.
La realidad demuestra que la investigación, el análisis y la identificación se encuentran fragmentados, con ausencia de una política pública que aborde de manera integral la crisis de desaparición y forense. Para ello es menester, entre otras cosas, realizar las siguientes acciones:
Fortalecer las acciones de búsqueda. Los colectivos de gente desaparecida son muy importantes en las acciones que lleva a cabo el gobierno.
Establecer métodos para elaborar un censo real con reglas de operación claras y transparentes, para atender a los verdaderos deudos. La coordinación y concurrencia de las autoridades debe ser menos burocrática.
Hacer una base de datos confiable con los elementos de seguridad de la información necesarios.
Fijar puntualmente los programas de trabajo de las áreas de control y vigilancia para el mejor manejo de los recursos de la nueva entidad.
Considerar como faltas graves por parte de los servidores públicos y particulares el manejo indebido de la información y sobre todo de datos sensibles.
Formular y construir un banco de datos real y auditable.
Atender el tema de los migrantes desaparecidos en México. Crear con la cancillería y otras entidades competentes un área de atención para migrantes desaparecidos.
Urgen políticas nacionales en materia forense enfocadas en personas desaparecidas, cambiando la visión metodológica de un enfoque individual o tradicional, a uno masivo
