Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), este concepto se puede definir como “un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, cuando éstos intereses pueden tener la capacidad para influir impropiamente en el desempeño de sus actividades como servidor público”. En otras palabras: “Un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un funcionario público, en el cual el funcionario público tiene intereses privados que pueden influir en forma impropia en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales”.
La falta derivada del riesgo del conflicto de interés ocurre cuando los servidores públicos de cualquiera de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno, deciden indebidamente sobre el destino de recursos o bienes públicos a partir de su interés personal o de un tercero y no, estrictamente, desde el interés público que deben representar.
La propia OCDE señala que no todo conflicto e intereses es un acto de corrupción; “sólo en los casos donde el conflicto surge entre los intereses y capacidades privados, y cuando estos intereses han influido efectiva e indebidamente en el desempeño y la toma de decisiones en la esfera pública para beneficio personal del funcionario, sus familiares u otros particulares con los que tenga algún tipo de relación”.
México ha suscrito la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, también conocida como Convención de Mérida, la cual señala: “Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas”.
Los diputados de Acción Nacional sostenemos que, alrededor de la “casa gris” lugar en el que vivió José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de la república, existe un claro conflicto de interés, pues la residencia ubicada en Houston, Texas, con un valor de más de 20 millones de pesos, es de una empresa contratante con Petróleos Mexicanos (Pemex) en este gobierno, y que durante la estancia del hijo del presidente y su familia en esta casa la empresa tuvo significativas ampliaciones presupuestales.
Existen algunos asuntos más en el gobierno de Morena, por ejemplo: en diciembre se reveló que una empresa de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente, había recibido dos contratos de Pemex por más de 360 millones de pesos, después de que se hicieron de conocimiento público las adquisiciones fueron canceladas por la petrolera; otro caso es el de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, que entregó por adjudicación directa en abril de 2020 un contrato por 101 mil pesos a la empresa Monitoreo de Información y Publicidad para que realizara el servicio de monitoreo de medios de comunicación, esta compañía forma parte del corporativo Media Solutions, que es encabezado por Gabino Robledo Aburto, hermano del actual director general del IMSS, Zoé Robledo, y así como estos casos, muchos otros.
Por ello, es imprescindible una mayor vigilancia a la labor gubernamental para evitar que el uso de información privilegiada derive en ventajas personales o privadas, nuestro país demanda fortalecer a las instituciones a fin de que actúen de inmediato ante posibles situaciones de conflicto de interés por parte de los servidores públicos, buscando también que la legislación contemple en caso de que se acredite el posible conflicto, la reparación integral del daño.
