Contra todo lo que digan los comunicados oficiales, lo que vemos, escuchamos y percibimos los ciudadanos es que la violencia y las acciones de la delincuencia organizada, así como los delitos del fuero común, no sólo no disminuyen, sino que se incrementan día con día.
Constantemente nos damos cuenta en nuestro entorno de hechos donde se involucran estas acciones. Las ejecuciones, secuestros, robos y extorsiones siguen presentes.
La confianza en las autoridades está rebasada ante la nulidad que representa el que el ciudadano acuda a la Fiscalía General del Estado a presentar su denuncia o querella por algún delito del fuero común. Los robos de vehículos, de autopartes, a las viviendas, los asaltos y las extorsiones son materia de cada día, y la falta de elementos investigadores, así como el exceso de trabajo que tienen los agentes encargados de esta tarea impiden una eficiente labor para iniciar, desarrollar y obtener resultados en estos delitos que asolan a los chihuahuenses.
Porque no basta la buena voluntad de los investigadores. Es imposible que un agente del ministerio público pueda llevar a su cargo más de 400 expedientes en trabajo de investigación.
Y por otro lado, está el actuar de jueces y magistrados que acostumbran usar la puerta giratoria que permite que delincuentes puedan salir en libertad, sabedores que regresarán a sus labores en cuanto les sea posible despojando de sus pertenencias a ciudadanos de bien, respetuosos de las leyes y que confían en sus autoridades.
El largo brazo de la ley cada vez es más corto para los delincuentes y los ciudadanos estamos llegando al extremo de estas situaciones. Es urgente que los legisladores se pongan a trabajar en el tema, que el Poder Judicial deje de jugar a asignar responsabilidades del tamaño de los jueces y magistrados para favorecer un proyecto político.
Porque la verdad es que esta área del gobierno cada día está perdiendo más credibilidad cuando desde la más alta esfera jurídica de la nación, los ponen en evidencia al señalar las trácalas y triquiñuelas que usan para otorgar nombramientos con concursos y acciones amañados.
Y por el lado del Ejecutivo también se apunta su irresponsabilidad en el control de la seguridad. Las acciones que realiza no son suficientes ni siquiera para dar el mínimo cumplimiento al mandato constitucional de garantizar la vida, la educación, la salud y la seguridad de los ciudadanos.
Correo: vicmedina@hotmail.com
